La actual relación entre Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en un punto crítico. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, se ha convertido en el principal interlocutor con el partido morado, que exige la aprobación de un nuevo impuesto a las energéticas como condición para seguir sosteniendo la coalición. Este tipo de estrategias no son nuevas en la política española, donde la presión de los socios de gobierno puede complicar la gobernabilidad.
Recientemente, la reforma fiscal impulsada por Hacienda fue aprobada tras una intensa negociación, en la que Podemos mostró su inquebrantable determinación de obtener garantías sobre el nuevo gravamen. No es sorprendente que ERC, Bildu y BNG también hayan jugado un papel fundamental en este proceso, logrando compromisos que reflejan el carácter fragmentado y a menudo caótico de la política española contemporánea.
La Tensión en el Consejo de Ministros
A pesar de los esfuerzos del Gobierno para alcanzar un acuerdo, Podemos ha manifestado su descontento con la gestión de las negociaciones, atribuyendo a Bolaños la clave para resolver la situación. Mientras el ministro ha sido visto como una figura de confianza para los morados, el escepticismo hacia el departamento de Hacienda es palpable, lo que resalta la falta de cohesión interna en el Ejecutivo.
La relación entre los miembros del Gobierno y sus socios se complica aún más por la falta de voluntad aparente de algunos grupos para llegar a un consenso. La reciente negativa del PNV a negociar un impuesto a las energéticas refleja una postura firme que podría obstaculizar aún más la labor del Ejecutivo. Esto se suma a la creciente frustración que se percibe en el ámbito del PSOE, donde las concesiones a los partidos independentistas parecen haber alcanzado un límite.
Podemos, por su parte, ha amenazado con no sentarse a negociar los Presupuestos hasta que se cumplan sus demandas. Esta situación plantea un desafío significativo para Sánchez, quien debe equilibrar las exigencias de sus socios con la necesidad de mantener la estabilidad del Gobierno. Las tensiones entre los diferentes grupos de izquierda y los nacionalistas muestran cómo la fragmentación política en España puede llevar a situaciones de estancamiento.
Con el final del año acercándose, el futuro del actual gravamen sobre las energéticas es incierto. Desde Hacienda se ha hecho saber que se planea una prórroga del impuesto, aunque con modificaciones, lo que podría no ser suficiente para satisfacer a los partidos que exigen cambios más profundos. La capacidad del Gobierno para navegar por estas aguas turbulentas dependerá en gran medida de su habilidad para negociar y encontrar puntos en común entre las diversas fuerzas políticas.
