El parlamento surcoreano ha votado a favor de la destitución del presidente Yoon Suk Yeol, tras su breve imposición de la ley marcial la semana pasada. La Asamblea Nacional aprobó la medida con un resultado de 204 votos a favor y 85 en contra, superando el umbral requerido de 200 votos.
Todos los 300 miembros del legislativo asistieron a la votación secreta, aunque tres se abstuvieron y ocho votos fueron considerados inválidos. Esta decisión implica que Yoon queda automáticamente suspendido de su cargo, mientras que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene un plazo de 180 días para decidir sobre su destitución definitiva. Durante este periodo, el primer ministro Han Duck-soo asumirá la presidencia interina.
Contexto de la crisis política
El líder de la oposición, Park Chan-dae, del Partido Democrático, calificó la votación como «una victoria para el pueblo surcoreano y para la democracia». Esta crisis política se desató el 3 de diciembre, cuando Yoon realizó un sorpresivo discurso televisado en el que declaró la ley marcial, argumentando que la oposición, a la que acusó de ser afín a Corea del Norte, estaba supuestamente preparando una «rebelión».
En cuestión de horas, 190 legisladores, que lograron acceder a la Asamblea Nacional a pesar de los cordones militares, votaron unánimemente para levantar el decreto. Miles de ciudadanos salieron a las calles para condenar las acciones del presidente. Menos de seis horas después de haber impuesto la ley marcial, Yoon anunció que había decidido retractarse de su decisión.
Durante su discurso del jueves, Yoon, quien enfrenta una investigación por posible insurrección, defendió su acción, describiéndola como un «juicio político altamente calibrado» destinado a «proteger a la nación» de los intentos de la oposición por obstaculizar el trabajo del gobierno. «Me mantendré firme, ya sea que sea destituido o investigado. Lucharé hasta el final», prometió el presidente.
La destitución de Yoon se produce en un contexto de creciente tensión política en Corea del Sur, donde las decisiones del gobierno han sido objeto de un intenso escrutinio. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia en el país y sobre cómo se manejarán las relaciones con los gobiernos de la región, que a menudo son malinterpretados en el contexto internacional.
