La reciente declaración testifical de Juan José Güemes, exvicepresidente económico del Instituto de Empresa (IE), ha puesto en el punto de mira la contratación de Begoña Gómez, actual directora del IE África Center. Esta declaración, que tuvo lugar en el marco de una investigación judicial, ha suscitado una serie de interrogantes y controversias sobre el proceso de selección que llevó a su incorporación en agosto de 2018.
El juez Juan Carlos Peinado, al inicio de la testifical, advirtió a Güemes sobre la importancia de su testimonio, señalando que estaba obligado a decir la verdad y que la falta de veracidad podría acarrear consecuencias legales, incluyendo un posible delito de falso testimonio. Esta advertencia marcó el tono de una declaración que, en apenas nueve minutos, se tornó compleja y reveladora.
Cuestionamientos sobre el proceso de selección
Durante el interrogatorio, el juez planteó preguntas específicas sobre el proceso de contratación de Gómez. Güemes, al intentar explicar cómo la candidata había llegado al IE, fue interrumpido por Peinado, quien le instó a atenerse a las preguntas formuladas. Este intercambio marcó el inicio de un diálogo tenso, donde el juez demandaba respuestas concretas y directas.
Uno de los momentos más destacados se produjo cuando Güemes mencionó que conocía las credenciales de Gómez. El juez, visiblemente escéptico, le pidió que detallara esas credenciales, a lo que Güemes respondió hablando de su currículum. Peinado, sin embargo, insistió en la necesidad de una copia del curriculum, a lo que Güemes admitió que no lo conservaba, lo que generó más dudas sobre la decisión de su contratación.
El tono de la declaración se intensificó cuando el juez confrontó a Güemes con un testimonio de la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, quien había declarado que la contratación había sido motivada por la relación de Gómez con el presidente del Gobierno. Güemes negó esta afirmación, asegurando que la decisión no se había basado en su relación familiar. Este punto se convirtió en el eje central del interrogatorio, donde el juez buscaría aclarar la supuesta contradicción entre los testimonios.
El juez, en su insistencia, planteó la posibilidad de un careo entre Güemes y Gil de Antuñano, sugiriendo que la contradicción en sus declaraciones podría justificar tal medida. Sin embargo, esta propuesta fue recibida con sorpresa, dado que los testigos no suelen ser interpelados sobre la veracidad de otros testimonios. La reacción de Güemes fue clara: no conocía el contenido del testimonio de Gil de Antuñano, lo que complicó aún más el escenario.
Finalmente, al acusar a Güemes de transformar su condición de testigo a la de imputado, el juez suspendió la declaración. Esta medida ha generado un amplio debate sobre las competencias del juez y la validez de las preguntas formuladas durante el interrogatorio. Las palabras de Güemes, en las que afirmó que no se había contratado a Gómez por ser la esposa del presidente, contrastan con el testimonio de Gil de Antuñano, quien había admitido la inclusión de una cláusula de conflicto de interés en el contrato de Gómez.
La situación plantea preguntas sobre la transparencia en los procesos de contratación pública y la influencia de las relaciones personales en decisiones administrativas. La evolución de este caso será seguida de cerca, dado su potencial impacto en la percepción pública de las instituciones afectadas.
