La Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado viernes en el Palacio de la Magdalena de Santander, finalizó sin acuerdos significativos, lo que ha generado reacciones de descontento entre los participantes. María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria y anfitriona del encuentro, expresó su decepción al concluir la reunión, donde se discutieron temas cruciales como la inmigración, la vivienda, la financiación autonómica y los recursos sanitarios.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha participado en 21 de las 27 reuniones celebradas hasta la fecha, subrayó que el objetivo no es solo alcanzar pactos, sino también fomentar un espíritu de escucha y compartir las diferentes posiciones. Aunque celebró la representación de todas las autonomías, lo que no siempre ha ocurrido en anteriores conferencias, la falta de acuerdos concretos ha dejado un sabor agridulce.
Temas en el aire y propuestas sin consenso
Los debates en torno a la inmigración fueron especialmente tensos. Salvador Illa, del PSC, criticó la preparación de la cumbre, sugiriendo que las quejas del PP sobre la falta de acuerdos eran infundadas, dado que el partido había mantenido negociaciones previas con el Gobierno central para acordar la gestión de menores inmigrantes no acompañados. La solución a largo plazo, según los expertos, pasaría por una reforma de la ley de extranjería, una propuesta que el PP ha rechazado hasta ahora.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, e Imanol Pradales, de Euskadi, presentaron una propuesta para un reparto de menores inmigrantes a realizar en un plazo de tres meses, considerando varios indicadores socioeconómicos. Aunque la iniciativa no fue rechazada abiertamente, no se logró un consenso formal que se reflejara en un documento conjunto.
En el ámbito de la vivienda, se evidenciaron las diferencias tradicionales entre el PP y el PSOE. María Chivite, presidenta de Navarra, cuestionó la coherencia de los dirigentes populares al criticar la legislación sobre el derecho a la vivienda, que afirman no funciona, cuando no la están implementando. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, destacó la necesidad de abordar la okupación para incentivar el alquiler de propiedades.
Durante su intervención, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en enero se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para discutir la posible condonación de parte de la deuda autonómica, una medida que ha suscitado críticas del PP, que lo considera un chantaje político. Esta controversia se origina en un pacto del PSOE con ERC, que incluyó la condonación del 20% de la deuda de Cataluña, lo que ha generado descontento en otras comunidades autónomas.
La tensión en las relaciones entre el Ejecutivo central y las autonomías fue palpable durante la conferencia. A pesar de las diferencias, el ministro Torres destacó el respeto institucional que prevaleció en las discusiones sobre la necesidad de renovar el modelo de financiación autonómica, un tema que permanece sin resolver desde 2014. La diversidad de necesidades entre comunidades con poblaciones envejecidas y dispersas frente a las que concentran grandes ciudades complica aún más el consenso.
María Guardiola, presidenta de Extremadura, insistió en la importancia de acelerar las homologaciones de médicos extracomunitarios para abordar la falta de profesionales en el sistema sanitario. Esta solicitud fue respaldada por Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, quien lamentó que la única propuesta concreta de Sánchez se limitara a la transferencia de 223 millones de euros en 2025 para el desarrollo de soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial.