La Fiscalía General de Rusia ha presentado una demanda para reclamar más de 1.000 millones de euros (1.090 millones de dólares) a la multinacional energética británica Shell, en relación con un fallido proyecto conjunto. Esta información ha sido confirmada por el Tribunal de Arbitraje de Moscú, que ha hecho pública la noticia recientemente.
Shell decidió retirarse del proyecto de gas natural licuado (LNG) Sakhalin-2 en 2022, coincidiendo con el inicio del conflicto en Ucrania. Este desarrollo energético, ubicado en la isla de Sakhalin, en el extremo oriental de Rusia, incluye la primera planta de LNG del país. La decisión de Shell se produjo en un contexto de creciente tensión geopolítica y sanciones, lo que ha llevado a una reconfiguración del panorama energético en la región.
Detalles del litigio y contexto de la inversión
En el mes de marzo, la Fiscalía General de Rusia formuló una demanda contra ocho filiales de Shell, incluyendo Shell plc y Shell Energy Europe Limited. Se alega que la retirada de la compañía británica ha causado daños significativos, lo que ha llevado a la búsqueda de compensaciones económicas. Gazprom Export, el Ministerio de Energía de Rusia y otros actores del sector energético ruso también están involucrados como partes interesadas en este litigio.
El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó en 2022 un decreto que transfería la propiedad de Sakhalin Energy, el antiguo operador del proyecto, a un nuevo operador basado en Rusia. El gobierno permitió que los propietarios extranjeros, incluidos los japoneses Mitsui y Mitsubishi, mantuvieran una participación en el nuevo operador, acorde con su participación previa. Mientras que estas empresas decidieron conservar sus participaciones en el proyecto de LNG, Shell optó por no tomar parte en la nueva entidad, lo que llevó a Moscú a vender su participación.
En un movimiento significativo, la subsidiaria de Gazprom, Sakhalin Project, adquirió la participación de Shell por casi 94,8 mil millones de rublos (973,3 millones de dólares), elevando su participación en el proyecto al 77,5%. Sin embargo, los fondos correspondientes a esta transacción se congelarán en una cuenta de tipo ‘S’, un mecanismo creado por Rusia como respuesta a las sanciones occidentales. Este tipo de cuentas restrictivas busca prevenir la salida de capitales por parte de entidades de naciones consideradas «hostiles».
La situación de Sakhalin-2 refleja la complejidad de las relaciones internacionales en el ámbito energético, donde las decisiones empresariales están profundamente influenciadas por factores políticos y económicos. A medida que las potencias occidentales imponen sanciones, Rusia se ve obligada a adaptar su estrategia, reafirmando su control sobre activos clave y buscando fortalecer su soberanía energética.
