La reciente Conferencia de Presidentes celebrada en Santander ha sido calificada por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, como «una oportunidad perdida». Clavijo lamentó que no se alcanzaran acuerdos concretos en relación al reparto de menores migrantes, a pesar de la solidaridad mostrada por los presidentes autonómicos hacia la situación que enfrenta Canarias. Durante la conferencia, se presentó una propuesta conjunta de Canarias y Euskadi para un «reparto extraordinario» de los menores que han llegado a las costas canarias en pateras y cayucos, con el objetivo de aliviar la presión que sufren comunidades como la canaria y Ceuta.
El presidente Clavijo destacó que, aunque el Gobierno de España mostró «bastante interés» en la propuesta, no se concretó un acuerdo inmediato. Se propuso un plazo de tres meses para trabajar en una solución jurídica que permita la distribución temporal y urgente de los menores migrantes entre las diferentes autonomías. Este mecanismo podría implementarse a través de un decreto ley, lo que ofrece una vía para abordar la crisis migratoria en el archipiélago.
Crisis migratoria y falta de acuerdos previos
Durante su intervención, Clavijo subrayó la gravedad de la crisis migratoria en Canarias, con más de 43.000 personas llegadas en 2024 y 5.885 menores extranjeros bajo la tutela de la Comunidad Autónoma. En su opinión, se habría podido alcanzar un acuerdo sobre el reparto extraordinario de estos menores, lo que habría permitido reducir la presión sobre territorios que están saturados. Sin embargo, el presidente canario criticó la falta de preparación del Gobierno central para la Conferencia, señalando que se debería haber llevado un documento con propuestas concretas, lo que podría haber facilitado el diálogo y la consecución de acuerdos.
En el transcurso de la conferencia, la atención se desvió hacia otros temas relevantes, como la vivienda y la financiación autonómica, lo que contribuyó a la falta de tiempo para discutir a fondo la crisis migratoria. Clavijo enfatizó que solo se dedicaron diez minutos a cada comunidad, lo que limitó la posibilidad de profundizar en los asuntos críticos que afectan a la gestión de la migración en el archipiélago.
