En febrero de 2019, el juez Juan Carlos Peinado se posicionaba como un candidato destacado para reforzar la labor del magistrado Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, en medio del caso Tándem-Villarejo, que había acaparado la atención del país. La plaza de refuerzo era muy codiciada, y Peinado, junto a otros tres candidatos, se presentó al proceso de selección.
La situación se complicó con la llegada de Alejandro Abascal, quien contaba con experiencia previa en la Audiencia Nacional. Abascal fue finalmente elegido para reforzar a García-Castellón, lo que generó descontento en otros candidatos, como la jueza Rosa María Freire, quien presentó quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El CGPJ justificó su elección basándose en la trayectoria de Abascal.
El caso Tándem-Villarejo, en el que se investigaban las actividades del comisario José Manuel Villarejo, se tornó en un escenario de tensiones políticas, especialmente tras la apertura de la pieza número 10, relacionada con la tarjeta de teléfono robada a Dina Bousselham, exsecretaria de Pablo Iglesias. La implicación de Iglesias en el caso se convirtió en un tema candente, generando una presión constante sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante su instrucción, García-Castellón elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo que implicaba delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La decisión de la Sala Segunda del Supremo de archivar el caso en enero de 2021, tras ordenar nuevas diligencias, subrayó la complejidad de la situación, especialmente ante la necesidad de la denuncia de la perjudicada para continuar con el proceso.
La actuación del juez Peinado
El juez Peinado se ha visto en la necesidad de aprovechar las querellas de organizaciones de ultraderecha para acumular información y testimonios en su instrucción. Un ejemplo de ello fue la comparecencia de Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de recursos humanos del Instituto de Empresa, a quien se le solicitó información sobre las cuentas bancarias de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, lo que ha generado controversia y sospechas sobre la naturaleza del contrato entre Gómez y la institución.
Peinado ha optado por un enfoque inquisitivo, partiendo de la premisa de que existe un posible delito, cuestionando la validez de contratos y testimonios sin aportar pruebas concretas. Esta estrategia recuerda a la labor de García-Castellón, quien también operó bajo presunciones similares en su investigación sobre Iglesias.
La instrucción del juez Peinado se está desarrollando en un contexto de alta tensión política, donde la utilización de aforismos jurídicos como guía para la acción judicial puede llevar a interpretaciones que desafían los límites de la legalidad y el debido proceso. En este sentido, el manejo de las pruebas y la documentación se convierte en un campo de batalla donde la justicia y la política parecen entrelazarse en un juego peligroso.
