La tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular (PP) ha alcanzado niveles significativos en los últimos días, con un intercambio de acusaciones que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa el Ejecutivo. El presidente Sánchez ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «jugar con las cartas marcadas» junto a ciertos jueces, sugiriendo que la oposición se encuentra en una posición favorable debido a su conocimiento de la situación judicial. En respuesta, Feijóo insinuó que quizás el propio Sánchez tenga más información, lo que le llevaría a atacar a los magistrados de manera inusual para el PSOE.
Durante una reunión del comité ejecutivo nacional del PP, Feijóo expresó que había reflexionado sobre la situación y sugirió que el presidente podría estar anticipándose a «nuevos problemas», buscando cubrirse ante posibles acusaciones. En el entorno del PP, se subraya que aún hay «incógnitas por despejar» en relación a diversas cuestiones que podrían comprometer a Sánchez, tales como el rescate de Air Europa y las conexiones que su esposa, Begoña Gómez, pudiera tener en este contexto.
Perspectivas Judiciales y Conflictos Internos
Las tensiones se intensifican con el avance de varios casos judiciales que afectan al PSOE. En Génova, sede del PP, se considera que la situación de Sánchez es insostenible debido a los múltiples frentes judiciales abiertos, lo que hace imposible una salida a corto plazo. La dirección nacional del PP ha manifestado su convicción de que la situación judicial del presidente «no tiene vuelta atrás», haciendo referencia a casos como el de Ábalos, que sigue generando un desgaste considerable.
La narrativa del PP se centra en la supuesta existencia de ‘lawfare’ en España, un concepto que hasta hace poco era defendido por partidos como Podemos e independentistas. Sin embargo, la percepción en Ferraz, sede del PSOE, ha cambiado drásticamente, donde ahora se habla abiertamente de una operación del poder judicial y la oposición para desestabilizar al gobierno. Este cambio de discurso se ha visto reflejado en las recientes declaraciones de miembros del Gobierno, que han criticado la actuación de la judicatura y han aludido a un ataque a la separación de poderes.
Las próximas semanas se presentan cruciales para ambos partidos. El PP ha intensificado sus esfuerzos para exponer lo que consideran un ataque a la democracia y al Estado de derecho, en medio de una serie de declaraciones judiciales que involucran a miembros clave del Ejecutivo, incluyendo a Begoña Gómez y otros asesores de Moncloa. A medida que se desenvuelven los acontecimientos, la situación política española se torna cada vez más compleja, con el PP en una posición reactiva, a la espera de los resultados de las investigaciones judiciales.
