El bloque de la investidura se ha reorganizado este martes en el Congreso, en un contexto marcado por las tensiones entre el Gobierno y Junts. Tras una semana de desencuentros, los posconvergentes han decidido alinearse con los socialistas y sus socios para respaldar la tramitación de una proposición de ley que regula los alquileres de temporada, norma que había sido rechazada en meses anteriores. A pesar de este apoyo, la diputada de Junts, Marta Madrenas i Mir, ha expresado su oposición a la norma, enfatizando que su voto a favor es únicamente para permitir el debate, no para respaldar el contenido actual.
Madrenas i Mir subrayó que el respaldo de Junts está condicionado a que se respeten sus competencias y a que el texto final sea significativamente diferente del actual. La diputada ha calificado las reformas propuestas por el Gobierno como de «muy poco calado real», argumentando que solo complican más la cuestión del acceso a la vivienda. Según su evaluación, la verdadera solución a la crisis de vivienda radica en un aumento rápido del parque público de vivienda.
Por su parte, el PNV también ha manifestado sus reservas, denunciando la «inseguridad jurídica» que generan las modificaciones constantes a la legislación, en referencia a la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Los demás socios de la proposición han defendido la urgencia de actuar frente a la crisis de alquileres, indicando que la votación de este martes representa un primer paso, aunque existe el temor de que los socialistas puedan bloquear la norma en futuras tramitaciones. La diputada de ERC, Teresa Jordá, ha enfatizado que el apoyo a la iniciativa no tiene sentido si no se traduce en mejoras tangibles para los ciudadanos.
Detalles de la Proposición de Ley
A pesar de que la proposición de ley no cuenta con el consenso del Gobierno, el PSOE ha decidido aceptarla a trámite. El diputado socialista Guillermo Hita ha indicado que el Ejecutivo está explorando otras alternativas, como la creación de un «registro único de los alquileres de corta duración» para combatir la irregularidad en los alquileres turísticos y el establecimiento de una empresa pública de vivienda. En contraste, los partidos de la oposición, como PP, Vox y UPN, han manifestado su rechazo a la propuesta.
La iniciativa, impulsada por ERC junto a Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG, busca reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para garantizar que los inquilinos con contratos temporales disfruten de los mismos derechos que aquellos con contratos de vivienda habitual. En concreto, la ley obligaría a los arrendadores a justificar que el inquilino dispone de otra vivienda habitual para poder celebrar un contrato temporal. De no ser así, el contrato se consideraría de vivienda habitual, aplicándose las correspondientes protecciones, como la extensión de la duración del alquiler a 5 o 7 años.
El texto que fue rechazado previamente por Junts limitaba los contratos temporales a un máximo de seis meses, pero, en un intento por obtener su apoyo, ERC ha ampliado este plazo a nueve meses, alineándose con la duración de los cursos académicos. Además, los contratos temporales no podrán prorrogarse más de una vez; en caso contrario, se considerarán automáticamente como contratos de vivienda habitual, permitiendo al inquilino desistir del contrato tras un mes sin penalización.
Entre otros cambios solicitados por Junts, se ha establecido que la fianza exigida por los arrendadores será de una mensualidad, en lugar de la mitad, como se planteaba originalmente. También se ha eliminado la posibilidad de subarriendo sin el consentimiento del arrendador y se han «blindado» las competencias autonómicas.
