Carles Puigdemont ha activado recientemente un plan que busca forzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, aunque esta sea encubierta y carezca de impacto jurídico. Esta estrategia se materializa a través de una proposición no de ley registrada por Junts que insta al presidente a dar ese paso. Sin embargo, el futuro de esta iniciativa depende de la decisión que tomen este martes el PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso. Deberán decidir si permiten su tramitación o si, por el contrario, deciden vetarla. Este proceso se complica aún más debido a la falta de apoyo por parte de los letrados, quienes han emitido un informe en el que, aunque consideran que la proposición es viable, también generan dudas sobre su admisión.
El texto de la proposición establece que «el Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza». Si se debate y aprueba, la propuesta carecería de valor jurídico. Fuentes parlamentarias han indicado que existen serias dudas sobre la admisión a trámite, ya que el planteamiento de una cuestión de confianza es competencia exclusiva del presidente del Gobierno, lo que podría llevar a considerar que la iniciativa de Junts usurpa estas competencias.
Dudas Jurídicas y Precedentes Inexistentes
A pesar de las dudas planteadas, el informe de los letrados no es del todo concluyente. Ellos reconocen que la proposición no de ley de Junts puede interpretarse como un intento de forzar un pronunciamiento de la Cámara Baja que, aunque no tenga carácter vinculante, podría poner «en cuestión la relación de confianza existente entre el Congreso y el Gobierno». En este sentido, ya existe la figura de la moción de censura. Por tanto, en función de cómo se interprete, los letrados sugieren que se admita a trámite o que se vete la propuesta, abriendo la posibilidad de solicitar a Junts que reformule el texto.
El informe también destaca que no hay precedentes claros que sirvan de guía para la Mesa en su decisión. Los letrados concluyen que «corresponde a la Mesa fijar un criterio que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro». Esto implica que la aceptación de esta proposición podría sentar un precedente para futuras iniciativas similares y, de igual manera, su rechazo podría limitar las posibilidades de control parlamentario.
Si finalmente se admite a trámite, la proposición no de ley no se debatirá hasta bien entrado el mes de febrero, cuando Junts pueda incluirla en el orden del día de un pleno. En ese momento, si el PP y Vox deciden sumarse a esta petición, se podría generar una mayoría absoluta en la Cámara que, de facto, demostraría la falta de respaldo hacia Sánchez.
