El bloque de la investidura se ha reagrupado en el Congreso tras una semana de tensiones entre el Gobierno y Junts. A pesar de haber rechazado previamente la propuesta, los posconvergentes han decidido unirse a los socialistas y al resto de sus socios para apoyar la tramitación de una nueva ley que regula los alquileres de temporada. Este giro se produce en un contexto en el que las diferencias entre las formaciones políticas parecen haberse atenuado, al menos temporalmente. Sin embargo, la diputada posconvergente Marta Madrenas i Mir ha criticado abiertamente la norma, subrayando que su apoyo no implica un respaldo incondicional al texto presentado.
«Nuestro voto de hoy, una vez protegidas nuestras competencias, hará posible el debate, pero no presupongan ni un por un instante un sí de Junts a este texto», ha afirmado Madrenas i Mir. La diputada ha enfatizado que las reformas propuestas son de «muy poco calado real» y ha instado a que la solución a la crisis de vivienda pase por «aumentar a marchas forzadas el parque público de vivienda».
El PNV también ha expresado su apoyo, aunque de manera crítica, denunciando la «inseguridad jurídica» causada por los constantes ajustes legislativos. Mientras tanto, otros socios del Gobierno han defendido la urgencia de actuar ante la crisis del alquiler, advirtiendo que esta votación es solo un primer paso y que podría haber obstáculos posteriores. La diputada de ERC Teresa Jordá ha insistido en que el valor de su apoyo radica en que las promesas deben traducirse en mejoras tangibles para los ciudadanos.
Pese a que la proposición de ley no cuenta con un consenso total con el Gobierno, el PSOE ha decidido admitirla a trámite. El diputado socialista Guillermo Hita ha señalado que el Ejecutivo está explorando otras alternativas, como la creación de un «registro único de los alquileres de corta duración» para abordar el problema de los alquileres turísticos irregulares. Por su parte, las formaciones PP, Vox y UPN han mostrado su oposición a la iniciativa.
Objetivos de la norma
La propuesta de ley, presentada por ERC junto a Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG, busca reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de equiparar los derechos de los inquilinos con contratos temporales a los de aquellos con contratos de vivienda habitual. Así, los arrendadores deberán justificar que el inquilino cuenta con otra vivienda habitual para poder formalizar un contrato temporal; de no ser así, se considerará un contrato de vivienda habitual, lo que conllevará derechos adicionales, como la extensión de la duración del alquiler a 5 o 7 años.
En un intento por alcanzar el apoyo de Junts, el texto ha modificado el límite de los contratos temporales, que inicialmente no podían superar los seis meses, ampliándolo a nueve meses, en consonancia con la duración de los cursos académicos. Además, se establece que estos contratos no podrán encadenar más de una prórroga; de suceder esto, se convertirá automáticamente en un contrato de vivienda habitual. El desistimiento del contrato podrá realizarse una vez transcurrido un mes sin penalización.
Por último, se han incorporado tres cambios adicionales a instancias de Junts: la fianza exigible por los arrendadores será de una mensualidad en lugar de la mitad, se eliminará la posibilidad de subarriendo sin el consentimiento del arrendador, y se «blindarán» las competencias autonómicas.
