El Gobierno de España ha dado un paso importante en su plan de regeneración democrática mediante la aprobación, en el Consejo de Ministros, de un anteproyecto de ley que regula el derecho al honor. Esta iniciativa está dirigida especialmente a los influencers que difunden información falsa, conocidos comúnmente como ‘bulos’. La nueva normativa, que se espera sea ampliada con la reforma de la ley del derecho al honor a principios del próximo año, establece que los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores deberán rectificar cualquier información errónea que hayan difundido.
Nuevas Normativas y Medidas de Transparencia
Además de la regulación sobre el derecho al honor, el Gobierno también está trabajando en otras iniciativas que afectan a los medios de comunicación. Entre estas se encuentra la ley de publicidad institucional, que busca mayor transparencia en la inversión pública, así como un registro de cabeceras que obligará a informar sobre sus propietarios. Estas medidas, que cuentan con el apoyo de los socios de Gobierno, tienen como objetivo visibilizar consensos en un contexto legislativo marcado por la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
El plan de regeneración incluye también reformas de leyes críticas, como la de secretos oficiales y la conocida como ley mordaza. La reforma de la ley de secretos oficiales, en particular, ha sido solicitada por el PNV, aunque los detalles sobre los mecanismos de desclasificación de documentos han generado escepticismo en algunos sectores. Desde Moncloa, se afirma que existe un firme compromiso para superar la normativa actual, que data de la dictadura franquista.
La negociación de los Presupuestos no comenzará hasta después de las festividades navideñas, y en el caso de Junts, esto dependerá del avance en otros compromisos, como la transferencia de competencias en inmigración y el uso del catalán en las instituciones europeas. A pesar de la incertidumbre, el Ejecutivo se muestra optimista respecto a la posibilidad de llevar a cabo estas negociaciones, aunque sin fijar plazos concretos.
En un contexto donde se han prorrogado los presupuestos del actual Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha señalado que esta prórroga no es comparable con situaciones anteriores, donde se prorrogaban presupuestos de gobiernos de signo distinto. En este sentido, el Gobierno intenta demostrar que la legislatura puede continuar a pesar de la falta de nuevas cuentas públicas.
Mientras tanto, el plan de regeneración democrática se convierte en un recurso clave para el Gobierno, que busca avanzar en sus iniciativas legislativas en medio de un clima de tensión política y judicial. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido la necesidad de esta ley reguladora del derecho al honor, argumentando que la proliferación de bulos y ‘fake news’ tiene un impacto negativo en el debate público y en la salud de la democracia.
En medio de este panorama, el Gobierno se enfrenta a la presión de la oposición, que ha intensificado sus ataques en el contexto del caso Koldo. Este caso involucra acusaciones dirigidas a varios ministros y miembros del PSOE por parte de Víctor de Aldama, lo que ha llevado al Ejecutivo a responder con una defensa centrada en la tranquilidad ante la evolución de las investigaciones judiciales. Desde el Gobierno, se sostiene que las acusaciones son infundadas y se están tomando acciones judiciales contra quienes han difundido información considerada falsa.
En este marco, el Ejecutivo compara la actual situación con una «Inquisición» y apunta a un intento de desviar el debate público hacia un «clima angustioso», evitando así abordar los asuntos verdaderamente importantes que afectan a la ciudadanía. A medida que el Gobierno intenta avanzar en su agenda legislativa, la batalla por el control de la narrativa política y mediática se intensifica, reflejando la polarización del panorama político español.
