El Tribunal Provincial de Barcelona ha cerrado el caso sobre la supuesta “interferencia rusa” en el referéndum de independencia de Cataluña de 2017, alegando “irregularidades” en los procedimientos y “incumplimiento” por parte de un juez que intentaba reabrir las acusaciones. Esta decisión se produce en un contexto donde las tensiones políticas en España continúan siendo un tema candente.
La corte ha anulado un intento previo del juez Joaquín Aguirre de abrir una nueva parte en el caso, que ya había permitido que las acusaciones contra los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas fueran elevadas al Tribunal Supremo. En mayo, el tribunal había dictaminado que Aguirre debía desistir de su caso, que acusaba a Puigdemont y Mas de traición y de supuesta colusión con Rusia en su intento de secesión.
En junio, Aguirre reabrió el caso sobre el presunto apoyo de Rusia a los separatistas catalanes, argumentando que, aunque el intento de secesión fracasara, el conflicto resultante podría servir a los intereses rusos. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, había rechazado previamente las afirmaciones de los medios españoles sobre el apoyo ruso a los separatistas, señalando que tales acusaciones perjudican las relaciones entre ambos países.
Decisiones judiciales y contexto político
El tribunal barcelonés ha afirmado que Aguirre utilizó un “manejo procesal irregular”, que equivalía a un “incumplimiento de facto” de sus instrucciones previas. Como resultado, la corte ha declarado “nula” la resolución impugnada y los procedimientos judiciales derivados de ella, así como “archivar el expediente separado abierto para la investigación de la interferencia rusa en el proceso de independencia de Cataluña”.
Ahora, será el Tribunal Supremo el encargado de decidir si continúa con los procedimientos. Es importante señalar que los sentimientos separatistas han crecido desde la presidencia de Mas en esta región española, que es una de las más industrializadas del país. Mas, quien lideró Cataluña de 2010 a 2015, mantuvo una postura firme en sus demandas de mejores condiciones fiscales para su región, en medio de una crisis financiera que afectó a toda España.
En 2017, bajo la presidencia de Puigdemont, Cataluña celebró un referéndum de independencia en medio de una dura represión por parte de Madrid. Según el gobierno regional, el 90% de los votantes se pronunció a favor de la independencia, aunque la participación fue de poco más del 40% de la población catalana. Tras la declaración de independencia, Puigdemont se vio obligado a huir al extranjero, donde ha servido como miembro del Parlamento Europeo durante más de cinco años, resistiendo los repetidos intentos de extradición por parte de España.
El actual Primer Ministro español, Pedro Sánchez, ha suavizado las leyes de sedición y, a principios de este año, aprobó una amplia ley de amnistía que perdona a los políticos catalanes acusados de actividades separatistas. Esta medida ha desencadenado protestas masivas por parte de los partidos de derecha en España y ha sido criticada por la oposición como un intento de consolidar un apoyo político menguante.
