Podemos ha declarado oficialmente el fracaso de la comisión destinada a la creación de un nuevo impuesto sobre las energéticas, una iniciativa que el propio partido morado había impulsado como condición para apoyar la reforma fiscal del Gobierno. Este anuncio se produce justo antes de la segunda reunión entre Hacienda y los socios de investidura, programada para este miércoles, a la que Podemos ha decidido no asistir. La decisión llega tras la ausencia de Junts y PNV en la primera reunión, un hecho que Podemos ha interpretado como un incumplimiento por parte del Ejecutivo, que no logró reunir a dos de sus aliados parlamentarios.
A pocas horas de la reunión, Podemos ha argumentado que la mesa de negociación «no tiene razón de ser» sin la participación de PNV y Junts, quienes son considerados esenciales para la aprobación de cualquier medida fiscal. Desde el partido se ha señalado que, a partir de este momento, se abrirá una etapa de «negociación bilateral» con el PSOE, recordando que fue este último quien se comprometió a avanzar en la aprobación del impuesto a las energéticas a cambio del apoyo a su reforma fiscal.
La postura de Podemos y sus consecuencias
En este contexto, los representantes de Podemos han manifestado que asistirán a las reuniones que consideren útiles para establecer un impuesto permanente sobre las energéticas. No obstante, han dejado claro que la reunión programada para hoy carece de utilidad sin la presencia de PNV y Junts, a quienes han calificado de «representantes de las energéticas en el Congreso». Además, han enfatizado que es crucial que estas formaciones acudan a la reunión, argumentando que es un compromiso que el PSOE debe cumplir.
Tras la frustración derivada de la reunión fallida de la semana pasada, en Podemos han lanzado amenazas sobre la posibilidad de no negociar los Presupuestos para 2025, e incluso han advertido que podrían tumbar el impuesto al diésel que actualmente está preparando el Ministerio de Hacienda. La continuidad del gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas ha sido un punto conflictivo en las negociaciones del paquete fiscal. Aunque el Gobierno inicialmente pactó con PNV y Junts dejar caer este impuesto a finales de año, luego acordó con ERC, Bildu y BNG prorrogarlo un año y con Podemos, avanzar hacia su conversión en un impuesto permanente.
Después de la ausencia de PNV y Junts la semana pasada, el Ministerio de Hacienda ha asumido que necesitará aprobar un decreto para prorrogar el impuesto, tal como se había acordado con ERC y Bildu, aunque este decreto podría ser rechazado en el Congreso, donde no cuenta con los apoyos necesarios. Sin embargo, los planes de prórroga del Gobierno se han complicado tras la reciente inclusión de una polémica enmienda por parte del PP en el Senado, que propone derogar el impuesto temporal a las energéticas, lo que complicaría aún más la situación fiscal.
Este martes, tanto Junts como PNV se abstuvieron en la votación de esta enmienda, que podría ser aprobada en el Congreso si alguna de estas fuerzas decide brindarle su apoyo en la votación definitiva que tendrá lugar el jueves. La situación se presenta, por tanto, como un verdadero laberinto político para el Gobierno y sus aliados, en un contexto donde la presión sobre la política fiscal se intensifica.
