El reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha abierto una nueva fase en el proceso judicial que le concierne. Tras la decisión del Congreso de los Diputados de acreditarlo como diputado electo por la circunscripción de Valencia, el alto tribunal ha solicitado un suplicatorio para poder juzgarlo. Este proceso se enmarca dentro de una investigación por posibles irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la pandemia del COVID-19.
El magistrado Leopoldo Puente, quien actúa como instructor de la causa, ha encontrado indicios que apuntan a la posible comisión de varios delitos, entre ellos, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Este contexto ha generado un intenso debate en el ámbito político y mediático, dado el perfil del implicado y la gravedad de las acusaciones.
El procedimiento del suplicatorio
Para comprender la situación de Ábalos, es fundamental conocer el procedimiento del suplicatorio. Los diputados, al prometer la Constitución, adquieren la condición de aforados, lo que implica que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Para que este tribunal inicie una investigación, es necesario que solicite la autorización del Congreso de los Diputados, lo que se materializa a través del mencionado suplicatorio.
Una vez que el Tribunal Supremo ha enviado el suplicatorio a la presidenta del Congreso, este debe ser presentado ante la Mesa de la Cámara Baja. En un plazo de cinco días, el suplicatorio se remitirá a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que se encargará de elaborar un informe sobre el asunto. Esta comisión dispondrá de 30 días para llevar a cabo su trabajo, durante el cual se escuchará la versión de Ábalos, quien podrá presentar su defensa de forma escrita o de manera presencial.
Cuando la Comisión complete su dictamen, el pleno del Congreso votará sobre la concesión del suplicatorio. Es importante señalar que esta votación se realiza a puerta cerrada y de forma secreta. Posteriormente, si el resultado es favorable, la presidenta del Congreso deberá informar al Tribunal Supremo en un plazo máximo de ocho días, recordando además que el tribunal tiene la obligación de comunicar a la Cámara cualquier auto o sentencia que afecte personalmente al diputado.
En los últimos veinticinco años, todos los suplicatorios que ha enviado el Tribunal Supremo al Congreso han sido aprobados. La última ocasión en que un suplicatorio fue rechazado ocurrió en 1988, contra el exministro del Interior, José Barrionuevo. Dada la actitud del PSOE y el contexto actual, se anticipa que el Congreso concederá el suplicatorio solicitado contra José Luis Ábalos, lo que permitirá avanzar en la investigación y aclarar las acusaciones que pesan sobre él.
