La reciente controversia en torno a la filtración de información confidencial relacionada con la investigación judicial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en la mira a altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. Este asunto se suma a otros episodios problemáticos que han afectado la imagen de algunos miembros del Gobierno y sus allegados.
Según las declaraciones de Juan Lobato, exlíder del PSOE en Madrid, fue Pilar Sánchez Acera quien le proporcionó un correo electrónico confidencial que contenía información sobre la defensa de González Amador. Esta información, que supuestamente provino de la Fiscalía Provincial de Madrid, generó dudas sobre su origen y la forma en que llegó a manos de Lobato. La defensa de Sánchez Acera argumenta que la información ya había sido publicada en medios de comunicación antes de ser compartida, pero las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) contradicen esta afirmación.
Investigación y hallazgos de la UCO
La UCO ha determinado que el contenido del correo electrónico no había sido hecho público en los medios de comunicación a las 8:29 horas, momento en el cual ya estaba en posesión de Sánchez Acera. Esto sugiere que la información no pudo haber sido obtenida a través de publicaciones previas. La UCO también ha identificado a varios altos cargos que, según sus investigaciones, tuvieron acceso a esta información antes de su divulgación pública.
Entre los implicados se encuentran Lobato, Sánchez Acera, el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín, actual secretario de Estado de Comunicación. Este entramado de relaciones y comunicaciones ha levantado suspicacias sobre la correcta gestión de información sensible y el posible uso político de la misma.
Los investigadores han llegado a estas conclusiones tras analizar el contenido del teléfono móvil que Lobato entregó de manera voluntaria tras su declaración como testigo el pasado 20 de noviembre. En su testimonio, Lobato confirmó que recibió la carta enviada por la defensa de González Amador a la Fiscalía de Madrid, donde esta reconocía dos delitos fiscales con el objetivo de alcanzar un acuerdo judicial.
