La reducción de jornada laboral en España enfrenta nuevos obstáculos en su camino hacia la implementación definitiva. La iniciativa promovida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha encontrado resistencias tanto en la patronal como en el ala socialista del Gobierno, lo que ha llevado a una serie de desacuerdos sobre los plazos y las condiciones para su puesta en marcha.
Desacuerdos sobre los plazos de aplicación
Yolanda Díaz ha estado negociando durante meses con los sindicatos para establecer una jornada laboral de 37,5 horas semanales, con la intención de que la medida sea presentada al Consejo de Ministros a principios de 2025 y entre en vigor durante el verano de ese mismo año. Sin embargo, los ministerios socialistas están proponiendo un retraso en su aplicación, argumentando que lo importante es que la medida sea aprobada antes de que finalice la legislatura.
En el acuerdo de coalición firmado tras las elecciones generales, PSOE y Sumar se comprometieron a implementar la reducción de jornada en 2024. No obstante, las negociaciones con empresarios y sindicatos han forzado un aplazamiento que podría llevar la medida hasta 2025.
Resistencia desde el Ministerio de Economía
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de retrasar la aplicación de esta reducción, abogando por una entrada en vigor «suave» y «gradual». Esta postura ha generado tensiones dentro del Gobierno, donde Sumar ha expresado que Cuerpo actúa como «la voz de la patronal».
A pesar de la insistencia de Yolanda Díaz en que la reducción de jornada debe entrar en vigor a finales de 2025, Cuerpo ha manifestado que la implementación dependerá de la capacidad del Gobierno para alcanzar un consenso con otras fuerzas políticas. Desde Sumar, se considera que la negociación con los partidos debe comenzar después de que la medida sea aprobada en el Consejo de Ministros, lo que refleja una falta de acuerdo interno sobre la estrategia a seguir.
Otro punto de desacuerdo relevante es la parcialidad de la propuesta. Actualmente, la reducción de jornada se aplicaría únicamente a los trabajadores a tiempo completo, dejando a los empleados a jornada parcial sin beneficios directos. Para compensar esta situación, Díaz ha propuesto un aumento salarial para aquellos trabajadores que no verán reducida su carga horaria, una medida que ha sido rechazada por el Ministerio de Economía.
Las tensiones entre los ministerios de Trabajo y Economía no son nuevas. En la anterior legislatura, la exministra Nadia Calviño ya había protagonizado desencuentros con Díaz en relación al salario mínimo y la reforma laboral. La actual situación pone de manifiesto la complejidad de la gobernabilidad en una coalición donde las prioridades y visiones de futuro de los diferentes partidos a menudo chocan.
