El Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el operador de la red de pagos Zelle y tres de los principales bancos del país, acusándolos de no investigar adecuadamente las quejas por fraude ni reembolsar a las víctimas afectadas. Esta acción legal se produce en un contexto donde las tensiones entre las instituciones financieras y los reguladores se intensifican.
Según el CFPB, los clientes de JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo han sufrido pérdidas que superan los 870 millones de dólares desde el lanzamiento de Zelle en 2017. Esta red de pagos, que permite transferencias instantáneas entre consumidores y negocios, ha crecido rápidamente, convirtiéndose en la más grande de su tipo en el país.
Críticas a la falta de regulación y protección de los consumidores
Rohit Chopra, director del CFPB, ha señalado que los grandes bancos se vieron amenazados por aplicaciones de pago competidoras, lo que llevó a la rápida implementación de Zelle sin los controles adecuados. «La falta de salvaguardias ha convertido a Zelle en un paraíso para los estafadores, dejando a las víctimas a su suerte», afirmó Chopra en una declaración.
Esta demanda se inscribe dentro de una serie de acciones del CFPB en los últimos días de la administración Biden, que han encontrado una fuerte oposición por parte de los bancos y sus grupos de presión. Estas empresas han logrado frenar varios intentos de regulación al optar por foros judiciales considerados favorables para sus intereses.
En un giro que refleja la naturaleza competitiva del sector, JPMorgan ha manifestado su intención de litigar contra el CFPB si este intenta sancionarlo por su participación en el sistema Zelle. Mientras tanto, el CFPB ha denunciado que Zelle carece de métodos de verificación de identidad adecuados, lo que ha permitido a los criminales infiltrarse en la red y desviar pagos entre los bancos miembros, que no comparten información entre sí.
El CFPB ha argumentado que los bancos no solo fallaron en investigar correctamente las quejas sobre actividades fraudulentas, sino que también no informaron de manera consistente sobre estos incidentes. Chopra enfatizó que «los bancos conocían el robo de dinero de sus clientes, pero como no asumían el costo de estas pérdidas, se mostraron reacios a solucionar los problemas».
Por su parte, Zelle ha respondido a la demanda, calificándola de «sin mérito» y defendiendo sus políticas de reembolso como superiores a las exigidas por la ley. Jane Khodos, portavoz de Early Warning Services, ha afirmado que los ataques del CFPB «empoderarán a los criminales, costarán más a los consumidores en tarifas y dificultarán la competencia para los pequeños bancos y cooperativas de crédito».
Además, Early Warning Services ha señalado que la cifra de 870 millones de dólares en pérdidas por fraude es engañosa, ya que incluye casos en los que se determinó que no había fraude, sino errores o reclamaciones falsas. A pesar de que los volúmenes de transacciones han aumentado en 2023, los informes de estafas y fraudes han disminuido casi un 50%, lo que sugiere que una pequeña fracción de los volúmenes de pago son disputados como fraude.
La red Zelle se ha convertido en la preferida de los ciberdelincuentes para realizar sus transacciones, debido a la velocidad con la que se procesan los pagos, según Tom Peacock, director de Inteligencia Global de Fraude de la firma de ciberseguridad Biocatch.
