El Gobierno de Sánchez y la regulación del contenido en redes sociales
El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado su enfoque para abordar las opiniones disidentes, lo que se ha traducido en campañas dirigidas a medios que no se alinean con su narrativa oficial. En este contexto, la administración ha comenzado a considerar a los influencers y youtubers como actores clave en este debate, ya que cuentan con una audiencia que puede llegar a ser masiva. En consecuencia, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha propuesto un anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación que busca incluir a personas con más de 100,000 seguidores en redes sociales, lo que marca un cambio significativo en la regulación de la información en plataformas digitales.
Bolaños ha justificado esta medida argumentando que existen “profesionales del bulo y de la mentira” que envenenan el debate público. Según él, esta normativa permitirá a los ciudadanos exigir rectificaciones a aquellos influencers que difundan información falsa o dañina. Sin embargo, esta propuesta ha suscitado preocupaciones sobre su posible uso como un instrumento de censura. La posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar una rectificación legal abre la puerta a abusos, donde incluso miembros del propio equipo de opinión del Gobierno podrían verse afectados por reclamaciones masivas, provocando un efecto rebote inesperado.
La introducción de esta ley podría transformar el panorama de la comunicación en redes sociales, donde los influencers suelen disfrutar de una libertad de expresión notable. A medida que la opinión pública se moviliza y critica las acciones del Gobierno, el equipo de Sánchez se enfrenta al riesgo de que la iniciativa de Bolaños termine por volverse en su contra. A este respecto, la percepción de que el Gobierno intenta controlar la narrativa a través de regulaciones puede generar un descontento aún mayor entre los ciudadanos y en el ecosistema digital, donde la libertad de opinión es un valor fundamental.
