El instructor del caso Koldo solicita la suspensión de la inmunidad de José Luis Ábalos
El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Esta petición se fundamenta en la existencia de «indicios bastantes» que apuntan a la posible comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Según el juez, es vital avanzar en el procedimiento judicial y, por ello, se requiere la autorización de la Cámara, conforme a lo estipulado en la Constitución española.
En su auto, el juez Puente explica que esta decisión se ha tomado tras interrogar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario en la trama. La evaluación de las declaraciones y la documentación proporcionada, junto con los resultados de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios realizados por la Audiencia Nacional, han llevado al magistrado a considerar que existen elementos suficientes para investigar más a fondo la participación de Ábalos en los hechos denunciados. Se argumenta que, aprovechándose de su posición como ministro, Ábalos podría haber influido en la adjudicación de contratos públicos, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
El juez ha señalado que hay indicios que sugieren que Ábalos se benefició económicamente del pago de los alquileres de un piso en el que residía su pareja, conocida por las iniciales JRG. En su declaración, Ábalos atribuyó la gestión de este asunto a Koldo García, quien, a su vez, afirmó que buscó la vivienda como un favor personal a una amiga de larga data. Según García, aunque podría haber ofrecido su propio sofá, decidió solicitar ayuda a Luis Alberto Escolano, socio de De Aldama, para gestionar el alquiler, lo que terminó generando complicaciones que llevaron a que García asumiera el pago. La investigación continúa y se espera que el procedimiento evolucione conforme a las decisiones del Congreso y las nuevas evidencias que puedan surgir.
