El fiscal general del Estado y la eliminación de mensajes en su dispositivo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado en el centro de la polémica tras la supuesta filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes fiscales, García Ortiz borró los mensajes de su teléfono móvil en un período clave para la investigación. No obstante, se ha aclarado que este borrado se realizó de manera cíclica y no de forma específica entre el 8 y el 14 de marzo, como se había especulado. Este procedimiento de eliminación de datos es parte de un protocolo de seguridad que aplica la Fiscalía General del Estado (FGE) a todos sus dispositivos.
La FGE ha enfatizado que lleva a cabo un borrado cíclico de información en todos los dispositivos utilizados por sus miembros por razones de seguridad. Esto ha sido corroborado por la Unidad Central Operativa (UCO), que, tras realizar una investigación, informó que no se encontraron mensajes en el móvil de García Ortiz. Este hecho ha suscitado un intenso debate público y ha llevado a cuestionar la veracidad de las acusaciones en su contra. La instrucción 2/2019, que forma parte de un reglamento interno sobre la protección de datos, establece la necesidad de no almacenar información de forma indefinida, lo que se enmarca dentro de las obligaciones del Ministerio Fiscal de tratar los datos personales de acuerdo con principios de limitación en el tiempo de conservación.
El respaldo al fiscal general por parte del Gobierno ha sido contundente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido a García Ortiz y ha exigido disculpas a aquellos que han pedido su dimisión sin pruebas. Sánchez ha señalado que el informe de la Guardia Civil no ha encontrado ningún mensaje que sustente las acusaciones vertidas por la oposición, lo que pone de relieve la importancia de la responsabilidad en la difusión de información y la necesidad de un tratamiento riguroso de los datos en instituciones públicas. La controversia en torno a este caso resalta la relevancia de seguir protocolos de seguridad y protección de datos en el ámbito de la justicia.
