El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha decidido extender hasta el 13 de enero de 2025 el plazo para que millones de pequeñas empresas presenten un nuevo formulario conocido como el informe de Información de Propiedad Beneficiaria (BOI, por sus siglas en inglés). Este cambio se produce tras la presión legal que ha enfrentado la nueva normativa bajo la Ley de Transparencia Corporativa, que inicialmente exigía a cerca de 32.6 millones de negocios cumplir con esta obligación antes del 1 de enero de 2024.
La falta de cumplimiento podría acarrear multas que superan los 10,000 dólares, lo que ha generado preocupación entre numerosos propietarios de pequeñas empresas. Sin embargo, es importante señalar que muchas de estas empresas están exentas de presentar el informe, especialmente aquellas con más de 5 millones de dólares en ventas anuales y más de 20 empleados a tiempo completo.
Contexto de la prórroga del informe BOI
La extensión del plazo fue resultado de un fallo reciente de un tribunal federal en Texas, que emitió una orden de suspensión preliminar que bloqueó temporalmente la aplicación de la norma. Aunque el 5º Circuito de la Corte de Apelaciones de EE. UU. revirtió esa orden, el Tesoro ha decidido que las empresas necesitan más tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos.
Según datos proporcionados a la oficina del representante francés Hill, de Arkansas, hasta el 1 de diciembre se habían recibido aproximadamente 9.5 millones de informes, lo que representa apenas el 30% del total estimado. Esto sugiere que un número significativo de empresas aún no ha cumplido con la obligación, posiblemente por desconocimiento de la misma. Daniel Stipano, un abogado de la firma Davis Polk & Wardwell, destacó que es “poco probable” que FinCEN imponga sanciones financieras a menos que haya indicios de mala fe.
FinCEN ha enfatizado en sus declaraciones públicas que su objetivo principal en este momento es educar al público sobre el requisito, en lugar de tomar acciones punitivas contra las empresas que no se adhieran a las nuevas normativas de manera inmediata. Este enfoque refleja una tendencia más amplia en la política económica actual, que busca equilibrar la regulación con la necesidad de apoyo a las empresas en un entorno financiero desafiante.
Es crucial observar que el cumplimiento de esta normativa no es anual; las empresas solo deben volver a presentar el formulario si necesitan actualizar o corregir la información. Además, las empresas que fueron creadas o registradas antes de 2024 tienen hasta el 13 de enero de 2025 para presentar sus informes iniciales, mientras que aquellas que lo hagan a partir del 1 de enero de 2025 tendrán un plazo de 30 días.
El futuro de esta normativa está en el aire, ya que se espera que se produzcan más fallos judiciales que podrían afectar el reporte. Litigios en el 5º Circuito ya han planteado desafíos a la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Corporativa, lo que podría llevar el asunto a instancias superiores. La incertidumbre en torno a la continuidad del apoyo gubernamental a esta legislación plantea interrogantes sobre la dirección que podría tomar el marco regulatorio en los próximos meses.
