Recientemente, un grupo de legisladores estadounidenses ha exigido mayor transparencia sobre el uso de fondos públicos destinados a resolver reclamaciones de acoso y disputas laborales en el Congreso. Desde 1997, se han desembolsado más de 17 millones de dólares en este tipo de acuerdos, lo que ha suscitado un amplio debate sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de los representantes electos.
Demandas de transparencia en el uso de fondos públicos
Los representantes republicanos Thomas Massie, de Kentucky, y Marjorie Taylor Greene, de Georgia, han liderado la iniciativa para que se revelen los nombres de los legisladores que han utilizado dinero de los contribuyentes para saldar estos conflictos. Massie, a través de una publicación en la red social X, destacó que “el Congreso ha pagado en secreto más de 17 millones de dólares de su dinero para resolver cargos de acoso (sexual y otras formas) en las oficinas del Congreso”. En este sentido, subrayó la importancia de que se hagan públicas las identidades de los implicados.
Por su parte, Taylor Greene respaldó la petición de Massie, expresando su deseo de publicar la “lista del fondo de acoso sexual del Congreso”. La legisladora enfatizó que los contribuyentes no deberían haber sido responsables de estos pagos, ni de “toda la otra basura que no deberían tener que pagar”.
La Oficina de Derechos Laborales del Congreso (OCWR), establecida en 1995, es la entidad encargada de supervisar estos acuerdos. Entre 1997 y 2017, la OCWR distribuyó más de 17 millones de dólares para resolver cerca de 300 casos, que abarcan problemas como el acoso sexual, la discriminación y disputas salariales. Sin embargo, esta oficina no revela las identidades de los involucrados en los acuerdos.
Exmiembros del Congreso, como Mo Brooks (R-Ala.) y Jason Chaffetz (R-Utah), también han manifestado su apoyo a la divulgación de los nombres asociados con estos acuerdos. Brooks afirmó que el dinero de los contribuyentes nunca debería utilizarse para encubrir a acosadores, abogando por la responsabilidad personal como un medio para disuadir la mala conducta. Chaffetz coincidió, argumentando que los contribuyentes merecen transparencia en este asunto.
Esta renovada demanda de transparencia se produce en el contexto de un informe del Comité de Ética de la Cámara que acusa al exrepresentante republicano de Florida, Matt Gaetz, de haber utilizado drogas ilegales y de haber pagado decenas de miles de dólares por sexo, incluyendo con un menor. Gaetz ha negado enérgicamente las acusaciones y ha propuesto un plan para exponer a los individuos involucrados en los acuerdos de acoso.
La OCWR ha indicado previamente que una parte significativa de los casos que maneja involucra a empleados que no están directamente afiliados con la Cámara o el Senado, como los del Servicio de Bibliotecas del Congreso o la Policía del Capitolio. Además, los acuerdos alcanzados fuera de la OCWR, como el caso de 2015 que involucró al fallecido representante demócrata de Michigan, John Conyers, no se incluyen en las cifras divulgadas.
