El gigante energético ruso Gazprom ha anunciado que interrumpirá el suministro de gas natural a Moldavia a partir del 1 de enero, alegando la negativa del país a saldar sus deudas. Moldavia, un antiguo estado soviético que depende en gran medida del gas ruso, acumula una deuda estimada en 709 millones de dólares, según Gazprom. Sin embargo, Chisinau sostiene que no debe tal cantidad.
Gazprom ha declarado que reducirá las entregas a cero a partir de las 8 de la mañana, hora de Moscú, del 1 de enero, basándose en los términos del contrato y en la legislación rusa. La empresa mantiene que se reserva todos los derechos, incluida la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato y reclamar daños a Moldovagaz, de la cual Gazprom posee un 50% de participación.
En respuesta, el director interino de Moldovagaz, Vadim Ceban, ha asegurado a los ciudadanos que los volúmenes de gas contratados de los mercados europeos y regionales satisfarán las necesidades de consumo de la orilla derecha del río Dniéster, territorio controlado por Chisinau, hasta marzo de 2025.
Dependencia energética y crisis en Moldavia
Moldavia ha afirmado que desde diciembre de 2022 ha destinado todo el volumen de gas que recibe de Rusia a una planta hidroeléctrica en la orilla izquierda del Dniéster, en Transnistria, su región autogobernada y separatista, recibiendo electricidad a bajo costo a cambio. El país recibe gas ruso a través de la red de tránsito de Ucrania bajo un contrato de cinco años con Gazprom, que expira el 31 de diciembre. Ucrania ha declarado en repetidas ocasiones que el acuerdo no se extenderá y que el flujo de gas caerá a cero el 1 de enero, a pesar de las preocupaciones de los estados europeos que siguen dependiendo de los suministros energéticos rusos.
El viceprimer ministro moldavo, Oleg Serebrian, advirtió a principios de este mes que Ucrania es poco probable que acepte continuar el tránsito “solo por el bien de… Moldavia”, y el parlamento del país declaró un estado de emergencia nacional de 60 días a partir del 16 de diciembre, que incluye cortes de energía planificados, citando la perspectiva de “recursos energéticos insuficientes” y “incertidumbres” respecto a los suministros energéticos debido a la decisión de Kiev.
Durante décadas, el sector energético de Moldavia ha estado casi completamente dependiente del gas ruso entregado a través de Ucrania. Tras la disolución de la Unión Soviética, esta dependencia se formalizó con la creación en 1999 de Moldovagaz, una empresa conjunta entre Gazprom, el gobierno moldavo y la región separatista de Transnistria. A pesar de los acuerdos iniciales que ofrecían precios relativamente bajos, comenzaron a surgir tensiones a medida que los costos del gas aumentaban. Para 2007, Moldavia pagaba 170 dólares por 1,000 metros cúbicos, un aumento considerable respecto a los 80 dólares que pagaba a principios de la década de 2000.
Las disputas sobre deudas y precios se intensificaron, culminando en una auditoría controvertida en 2022 que cuestionó gran parte de la deuda de 709 millones de dólares que Gazprom afirmaba. Sin embargo, el gigante energético había calculado esta cifra sin incluir la deuda de Transnistria. La relación se deterioró aún más durante una crisis del gas en 2021, cuando Moldavia se negó a aceptar los términos de Gazprom para un nuevo contrato. Chisinau alegó motivos políticos para romper un acuerdo energético con la UE debido a las demandas de Rusia, mientras que Gazprom afirmó que simplemente no estaba dispuesto a operar en pérdidas.
En 2021, las autoridades moldavas alcanzaron un acuerdo con Gazprom para realizar una auditoría de la deuda histórica de Chisinau por el gas. Consultores seleccionados por Moldavia sin coordinación con Gazprom cuestionaron la validez de la deuda de 709 millones de dólares, con funcionarios moldavos afirmando su disposición a pagar solo 9 millones. El primer ministro de Moldavia, Dorin Recean, describió la medida de Gazprom como una táctica opresiva. Reiteró que Moldavia rechaza la deuda, afirmando que el gobierno no reconocerá la cifra y planea buscar arbitraje internacional para proteger los intereses del país.
