La reciente crisis política en Georgia ha puesto de relieve las tensiones entre las fuerzas proeuropeas y los sectores más conservadores y euroscépticos del país. La elección de Mikhail Kavelashvili como nuevo presidente, respaldado por el partido gobernante Georgian Dream, ha sido objeto de controversia, especialmente tras las acusaciones de fraude electoral por parte de la presidenta saliente, Salome Zourabichvili.
El colegio electoral de Georgia confirmó la presidencia de Kavelashvili, un político cercano a la línea del partido Georgian Dream, que ha mantenido una postura ambigua respecto a la relación con Rusia. Zourabichvili, quien se identifica como la legítima presidenta a pesar de que su mandato expiró en diciembre de 2024, ha calificado la ceremonia de inauguración de Kavelashvili como una “parodia”. Desde entonces, se han llevado a cabo protestas nocturnas en Tbilisi, donde los manifestantes exigen nuevas elecciones y han protagonizado enfrentamientos con la policía.
Contexto de la crisis política
La agitación política en Georgia se intensificó tras las elecciones parlamentarias de octubre, donde el partido Georgian Dream proclamó una victoria con más del 54% de los votos. Sin embargo, la oposición rechazó los resultados, alegando fraude generalizado. Zourabichvili, quien se ha alineado con las fuerzas proeuropeas, describió las elecciones como una “operación especial rusa” y se negó a reconocer los resultados, a pesar de que observadores internacionales, como la OSCE, no encontraron irregularidades significativas.
Las protestas masivas que siguieron a las elecciones fueron reprimidas, y el primer ministro Irakli Kobakhidze acusó a la oposición de intentar llevar a cabo un golpe de estado respaldado por Occidente, comparando la situación con la revolución de Maidan en Ucrania en 2014. Esta retórica ha intensificado la polarización política en el país.
Un factor clave en esta crisis fue la aprobación de una ley de “Transparencia de la Influencia Extranjera” en mayo, que obliga a las ONG y medios de comunicación que reciben financiación extranjera significativa a registrarse como agentes extranjeros. Esta legislación fue condenada por Zourabichvili y otros críticos como un ataque a la democracia al estilo ruso. La adopción de esta ley provocó una fuerte reacción internacional, con sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios georgianos y la suspensión del proceso de solicitud de membresía de Georgia en la Unión Europea.
En noviembre, el gobierno georgiano suspendió sus conversaciones de adhesión a la UE hasta 2028, lo que exacerbó la indignación entre los grupos proeuropeos y provocó críticas de la comunidad internacional, que acusó al gobierno de retrocesos democráticos.
A medida que las protestas se intensificaban, Zourabichvili se negó a renunciar y continuó llamando a la movilización de sus seguidores, incluso instando a los estudiantes a participar en las manifestaciones. A pesar de su salida del palacio presidencial, Zourabichvili insistió en que sigue siendo la presidenta legítima de Georgia, afirmando que “la residencia presidencial era un símbolo mientras hubiera un presidente legítimo aquí”.
La elección de Kavelashvili, un exfutbolista y cofundador del partido euroscéptico People’s Power, se llevó a cabo de manera controvertida, ya que fue el único candidato y recibió 224 de 225 votos en un colegio electoral compuesto por miembros del parlamento y representantes locales. La oposición proeuropea boicoteó la elección, lo que ha llevado a un clima de desconfianza y polarización en la política georgiana.
La situación en Georgia refleja un dilema más amplio en la región, donde las aspiraciones democráticas y proeuropeas se enfrentan a la influencia de Rusia y a un gobierno que busca mantener un equilibrio en sus relaciones exteriores. La respuesta de la comunidad internacional y la capacidad de la oposición para movilizar a la población serán factores determinantes en los próximos meses.
