Un equipo conjunto de investigación ha solicitado este lunes una orden de arresto contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, quien ha sido destituido temporalmente de sus funciones. Esta medida se produce tras su declaración de ley marcial a principios de diciembre, en un contexto de insurrección y abuso de poder, al ignorar hasta tres citaciones para ser interrogado sobre esta controvertida decisión.
La solicitud ha sido presentada ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl por un equipo compuesto por la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO), la Policía y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa. En su alegato, los investigadores sostienen que Yoon encabezó una insurrección y abusó de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre, y que supuestamente ordenó al Ejército que impidiera a los diputados presentes en el Parlamento votar en contra del decreto.
Defensa del presidente Yoon
El ahora depuesto presidente ha negado las acusaciones, argumentando que la declaración de la ley marcial fue un «acto de gobierno» destinado a advertir al partido de la oposición, que cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional, sobre lo que él considera un abuso del poder legislativo que busca respaldar al régimen de Corea del Norte.
La defensa de Yoon ha prometido tomar «medidas formales» en respuesta a la solicitud de arresto. Yun Gap-geun, uno de los representantes legales del mandatario, ha declarado a la agencia de noticias surcoreanas que «es una solicitud de una agencia que no tiene la autoridad para investigar los cargos de insurrección». Esta situación se produce tras la aprobación de una moción por parte de la Asamblea Nacional el pasado viernes, que destituyó al presidente.
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur deberá decidir antes de junio si restituye las competencias de Yoon o lo inhabilita definitivamente, lo que podría tener un impacto significativo en la política del país asiático.
