El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que obliga a los migrantes ilegales en Rusia a regularizar su situación o abandonar el país antes del 30 de abril de 2025. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por endurecer la política migratoria del país tras el atentado terrorista en Crocus City Hall, cerca de Moscú, que dejó 145 muertos y alrededor de 500 heridos en marzo.
El decreto establece que los ciudadanos extranjeros y las personas apátridas en la Federación Rusa deben regularizar su estatus legal o abandonar el país. Aquellos que deseen permanecer deben cumplir con requisitos estrictos, que incluyen la presentación de datos biométricos, exámenes médicos para detectar drogas, enfermedades infecciosas y VIH, así como pruebas de idioma ruso, historia y sistema legal. Además, se les exige saldar cualquier deuda pendiente y mantener la validez de sus documentos, como permisos de trabajo o residencia. Se hacen excepciones para los ciudadanos extranjeros indocumentados que firmen contratos con el ejército, lo que les permite evitar la deportación.
Endurecimiento de las políticas migratorias
Este decreto se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Rusia. En 2024, se introdujeron nuevas leyes que permiten a las autoridades rastrear a los inmigrantes ilegales a través de un registro de «personas controladas». A partir del 5 de febrero, las autoridades podrán expulsar a extranjeros indocumentados sin necesidad de una decisión judicial.
Además, la organización de la migración ilegal ha sido clasificada como un delito especialmente grave, con penas que incluyen la confiscación de dinero y propiedades adquiridas a través de la facilitación del tráfico humano. Estas medidas buscan desincentivar las operaciones de redes criminales que se benefician de la migración irregular.
Las nuevas políticas migratorias son una respuesta directa al atentado en Crocus City Hall, que fue perpetrado por ciudadanos de Tayikistán. Tras el ataque, Putin instó a revisar las políticas de inmigración, enfatizando la necesidad de equilibrar la seguridad nacional con la necesidad de mano de obra en el país, dado el bajo nivel de desempleo y los desafíos demográficos que enfrenta Rusia.
El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, reafirmó esta postura, afirmando que Rusia acoge a los migrantes laborales para el desarrollo dinámico del país, pero subrayó que las medidas deben garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Recientemente, se ha implementado una ley que exige a los niños migrantes aprobar pruebas de idioma ruso antes de poder matricularse en escuelas, lo que refuerza el enfoque del gobierno en la integración de los inmigrantes.
El Ministerio del Interior será el encargado de supervisar la implementación de estas nuevas regulaciones migratorias, marcando un cambio significativo en el enfoque de Rusia hacia las personas apátridas e indocumentadas. Este cambio centraliza el control y enfatiza medidas de aplicación más estrictas, en contraste con el sistema más fragmentado que había caracterizado históricamente las políticas migratorias en el país.
