Recientemente, se ha informado sobre un ciberataque de gran envergadura dirigido a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, atribuido a hackers respaldados por el Estado chino. Según el Washington Post, este incidente tuvo lugar el 8 de diciembre y fue comunicado a los legisladores estadounidenses en una carta fechada el 30 de diciembre.
El Departamento del Tesoro no especificó qué oficinas fueron atacadas ni qué tipo de documentos fueron sustraídos, limitándose a mencionar que se trataba de «ciertos documentos no clasificados». Las fuentes anónimas citadas por el periódico sugieren que los atacantes buscaban información sobre las entidades chinas que Estados Unidos está considerando sancionar.
Contexto de las sanciones estadounidenses
La administración del presidente Joe Biden ha impuesto sanciones a numerosas empresas chinas por supuestamente suministrar bienes de «uso dual» al ejército ruso. Estas acciones se suman a las iniciativas de su predecesor, Donald Trump, quien también tomó medidas contra empresas de telecomunicaciones chinas bajo acusaciones de espionaje y estableció controles de exportación sobre ciertos equipos utilizados por los fabricantes de semiconductores en China.
En respuesta a las acusaciones de ciberataques, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, desestimó las afirmaciones como «acusaciones infundadas que carecen de evidencia». Mao enfatizó que China se opone a todas las formas de ataques informáticos y a la difusión de información falsa con fines políticos.
Este ciberataque se produce menos de un mes después de que las autoridades estadounidenses acusaran a un grupo de hackers vinculado a Pekín, conocido como ‘Salt Typhoon’, de haber vulnerado los sistemas de nueve empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos. Se alega que, tras acceder a estos sistemas, los hackers pudieron espiar las comunicaciones del expresidente Trump y su equipo de campaña, así como recopilar datos de vigilancia almacenados por las empresas en nombre de agencias de la ley estadounidenses.
La embajada china en Washington ha negado las acusaciones, reiterando la postura de Pekín frente a lo que considera una campaña de desinformación.
