La lucha contra los «químicos eternos» ha cobrado un nuevo impulso en los Estados Unidos, con la demanda presentada por el condado de Murray, en Georgia, que acusa a varias empresas de haber ocultado durante décadas los peligros asociados con estas sustancias. En un contexto donde la salud pública se ve amenazada, el condado ha decidido tomar medidas legales contra gigantes de la industria química y fabricantes de alfombras, entre ellos 3M, DuPont y Mohawk.
Según el comunicado del condado, las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) han sido utilizadas por estas empresas desde la década de 1960, a pesar de que conocían sus efectos tóxicos. Estos compuestos, que se encuentran en productos como el Scotchgard, Stainmaster y Teflon, han contaminado el vertedero local, lo que ha derivado en una crisis de salud pública que afecta a casi toda la población de Northwest Georgia.
Un legado tóxico
La demanda sostiene que, como resultado de las prácticas negligentes de estas corporaciones, los residentes de la zona presentan niveles alarmantes de PFAS en su organismo, lo que estaría debilitando sus sistemas inmunológicos y provocando enfermedades graves. La contaminación no solo afecta a los humanos, sino que también se ha detectado en fuentes de agua cercanas, incrementando el riesgo de problemas de salud en la comunidad.
Representantes de las empresas involucradas no han ofrecido declaraciones inmediatas sobre la demanda. Sin embargo, un portavoz de DuPont ha señalado que la entidad demandada es su predecesora, E.I. du Pont de Nemours and Co., que se escindió en 2015 y ahora opera bajo el nombre de Chemours. Esta compleja red de responsabilidad empresarial complica aún más la situación legal.
El caso de Murray County se suma a otros litigios en curso relacionados con el uso de PFAS en la industria de la alfombra en Georgia. La región, que tiene una población de casi 40,000 habitantes, es conocida como la «capital mundial de la alfombra y el suelo», lo que resalta la magnitud del problema. Las PFAS son conocidas por su persistencia en el medio ambiente y su asociación con una variedad de problemas de salud, incluyendo problemas de fertilidad y ciertos tipos de cáncer.
En respuesta a la creciente presión legal y social, 3M ha anunciado su intención de dejar de producir PFAS para finales de 2025 y ha acordado pagar hasta 12.5 mil millones de dólares a proveedores de agua pública. Por su parte, DuPont y sus compañías asociadas han llegado a un acuerdo de 1,000 millones de dólares para resolver reclamaciones relacionadas con el agua potable contaminada por PFAS.
La demanda de Murray County no es un caso aislado. Ciudades cercanas como Dalton están emprendiendo acciones legales similares contra las mismas empresas, mientras que otras localidades han comenzado a implementar mejoras en sus sistemas de agua como resultado de litigios previos. La situación en Georgia refleja un problema más amplio en Estados Unidos, donde el manejo de sustancias químicas peligrosas y su impacto en la salud pública están bajo un creciente escrutinio.
Los abogados del condado de Murray, junto con un equipo de expertos en agua y defensores del consumidor, están trabajando para asegurar que las empresas responsables de la contaminación financien la limpieza necesaria. La demanda enfatiza que los PFAS en el vertedero deben ser contenidos y eliminados para proteger la salud de los residentes y el medio ambiente en general.
A medida que la batalla legal avanza, se espera que la atención continúe centrada en la responsabilidad corporativa y la necesidad urgente de garantizar la seguridad del agua potable en comunidades afectadas por la contaminación química.
