Nicolás Maduro se prepara para jurar como presidente de Venezuela por tercera vez el próximo viernes, con el respaldo declarado de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la ceremonia en la Asamblea Nacional se enmarca en un clima de tensión política, donde Caracas se convierte en el epicentro de un conflicto que parece no tener solución a la vista. El 9 de enero, tanto el oficialismo como la oposición se movilizarán en la capital. Mientras el gobierno busca consolidar la posición de Maduro en una ciudad militarizada, la oposición se manifiesta en defensa de la legitimidad de Edmundo González Urrutia, quien se considera el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio.
El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha descalificado a González Urrutia, tildándolo de «exagente de la CIA» y afirmando que no se atreverá a regresar a Venezuela. Cabello advirtió que, en caso de que lo hiciera, «el pueblo de Venezuela está esperando porque es un mercenario que no quiere a este país». Esta retórica refleja la creciente polarización y el clima de hostilidad que rodea a la política venezolana.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana ha anunciado que nueve exjefes de Estado latinoamericanos de orientación conservadora acompañarán a González Urrutia en un vuelo desde Panamá. Cabello ha respondido a esta situación instalando una oficina en el aeropuerto de Caracas para monitorear la llegada de posibles «enemigos» del régimen, asegurando que serán «capturados y sometidos a la justicia».
Movilización y respuesta opositora
Las especulaciones sobre el regreso de González Urrutia, quien se exilió en España hace seis meses, han quedado eclipsadas por la inminente movilización del 9 de enero. La oposición ha sorprendido al oficialismo al cambiar la fecha de su manifestación, lo que ha obligado al PSUV a redoblar esfuerzos en las calles. Cabello ha prometido una gran movilización, advirtiendo que «habrá marcha el día 9 y arranca el congreso antifascista, con más de 100 países».
María Corina Machado lidera nuevamente la protesta opositora, aunque aún se desconoce la hora y el lugar de la manifestación. Machado ha destacado el apoyo del presidente estadounidense Joe Biden a González Urrutia, quien ha sido reconocido como «presidente electo». Esta situación ha generado una fuerte reacción del gobierno de Maduro, que ha calificado la reunión entre Biden y González Urrutia como una «flagrante violación del derecho internacional».
La ira del oficialismo no solo se centra en la reunión con Biden, sino también en el encuentro de González Urrutia con Mike Waltz, el próximo asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Waltz ha garantizado que Estados Unidos y el mundo estarán «alerta» ante los acontecimientos en Venezuela, lo que ha suscitado diversas interpretaciones sobre el futuro de la política venezolana.
La situación actual recuerda a los acontecimientos de 2019, cuando Maduro asumió su segundo mandato en medio de una crisis política y el reconocimiento de varios países de la OEA de que su gobierno no era legítimo. En ese contexto, Juan Guaidió se autoproclamó «presidente encargado» con el respaldo de Trump y otros líderes internacionales, aunque esa estrategia no logró su objetivo. Ahora, Maduro busca extender su gestión por otros seis años, mientras la oposición se enfrenta a un nuevo desafío en un clima de creciente tensión.
Una diferencia clave respecto a 2019 es la postura de algunos países latinoamericanos del bloque progresista, que han decidido no participar en la ceremonia de juramentación de Maduro. Esto incluye a naciones como Chile, que han optado por distanciarse de los actos oficiales del régimen. La ruptura de relaciones de Venezuela con Paraguay, que se ha alineado con el grupo liderado por Estados Unidos, ilustra aún más la complejidad de la situación política en la región.
