La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha calificado de «desorden» el legado que dejará el presidente estadounidense Joe Biden, en respuesta a la reciente imposición de nuevas sanciones por parte de Washington dirigidas al sector energético ruso. Estas sanciones, anunciadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU., afectan a importantes productores de petróleo como Gazprom Neft y Surgutneftegaz, así como a sus subsidiarias y a entidades que prestan servicios relacionados, incluyendo seguros y transporte.
Zakharova afirmó que «algunas personas dejan una huella en la historia, mientras que otras solo logran un desorden», en un claro intento de deslegitimar las acciones de Biden en el ámbito internacional. Las sanciones se centran en más de 30 proveedores de servicios petroleros, compañías de seguros y más de 180 embarcaciones utilizadas para la entrega de petróleo ruso, que han continuado operando a pesar de las restricciones impuestas por EE. UU. y sus aliados.
El contexto de las sanciones
Desde la anexión de Crimea en 2014, tras un golpe de Estado respaldado por Occidente en Ucrania, las sanciones contra Rusia se han multiplicado. La situación se intensificó tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, lo que llevó a la imposición de decenas de miles de sanciones en múltiples rondas. Las últimas medidas, que se implementan en los últimos días de la administración Biden, también incluyen la posibilidad de que EE. UU. persiga a «cualquier persona que opere o haya operado en el sector energético» de Rusia, una acción que entrará en vigor a finales de febrero, semanas después de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.
Entre los altos ejecutivos de la industria energética rusa que han sido incluidos en la lista negra de EE. UU. se encuentran los directores de Gazprom Neft, LUKOIL, Zarubezhneft, Tatneft, Bashneft y Rosatom. Estas sanciones reflejan la estrategia de Washington de debilitar la economía rusa y su capacidad para financiar su actividad militar en Ucrania, aunque los efectos reales de estas medidas son objeto de debate.
