Una investigación sobre los fallos policiales durante el escándalo de grooming en Rotherham, Reino Unido, ha revelado que se centró en oficiales de menor rango, mientras que los mandos superiores quedaron al margen del escrutinio. Esta situación ha sido denunciada por un informante que ha hablado con el diario The Times.
El escándalo de los «grooming gangs» involucra a grupos de hombres asiáticos que, durante las últimas dos décadas, han abusado y violado a más de 1.400 jóvenes en varias localidades del norte de Inglaterra. La mayoría de los perpetradores eran hombres paquistaníes, mientras que las víctimas eran predominantemente chicas británicas blancas.
Fallo en la investigación de la policía
La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) lideró la Operación Linden, una investigación de siete años sobre la gestión de los casos de explotación sexual infantil por parte de la Policía de South Yorkshire entre 1997 y 2013. La indagación puso de manifiesto que la policía a menudo no registraba denuncias por delitos graves como la violación, descuidaba interrogar a hombres mayores que acompañaban a chicas vulnerables y trataba a las víctimas como problemáticas en lugar de como personas necesitadas de protección. A pesar de ello, algunos oficiales fueron exonerados de mala conducta al presentar informes de inteligencia mínimos.
La investigación concluyó en 2022, identificando fallos en el liderazgo, falta de formación y problemas culturales dentro de la fuerza policial. Sin embargo, el informante sostiene que la indagación se vio obstaculizada por instrucciones que desalentaban el examen de los roles de los oficiales superiores en el escándalo.
“Se nos dijo activamente que no persiguiéramos a los oficiales superiores”, comentó el informante. “Era simplemente incompetente. No había pasión ni deseo dentro de la IOPC por entender qué salió mal en Rotherham y averiguar por qué esas chicas fueron abandonadas”.
La Operación Linden investigó 91 casos, revisando 265 alegaciones de 51 denunciantes. De los 47 oficiales examinados, ocho fueron hallados culpables de mala conducta y seis enfrentaron cargos de mala conducta grave. Sin embargo, las sanciones más severas impuestas fueron advertencias escritas o “consejos de gestión”. Ningún oficial perdió su empleo, y el individuo de mayor rango investigado fue un inspector detective.
El informante criticó la limitada amplitud de la indagación, recordando que “era muy evidente no solo que había problemas sistémicos en la fuerza, sino también en otras partes del país. No creo que los fallos hayan sido verdaderamente investigados de manera adecuada”.
En respuesta, la IOPC defendió su trabajo, enfatizando la exhaustividad de sus investigaciones y la adopción de sus recomendaciones por parte de la policía. “Nuestra prioridad era el bienestar de las supervivientes, quienes mostraron un valor increíble al presentarse”, declaró un portavoz de la IOPC.
El organismo de control señaló que sus hallazgos llevaron a la implementación de medidas para mejorar la atención a las víctimas y aumentar las capacidades de los oficiales para manejar casos de explotación sexual infantil.
