California ha decidido retirar sus planes para la implementación de regulaciones pioneras en materia de calidad del aire, dirigidas a camiones diésel y trenes, el pasado 14 de enero. Esta decisión se atribuye a los desafíos que plantea la llegada de la administración Trump, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de estas normativas en el futuro, especialmente en lo que respecta a la aprobación federal.
Las regulaciones conocidas como Advanced Clean Fleet pretendían eliminar las ventas de nuevos camiones de combustibles fósiles para 2036 y obligar a las grandes flotas a hacer la transición hacia modelos eléctricos o de hidrógeno antes de 2042. Además, había una normativa paralela destinada a eliminar los motores diésel en locomotoras.
Estas medidas, aclamadas por los defensores del medio ambiente y consideradas cruciales en la lucha contra el cambio climático, hubieran contribuido significativamente a la reducción de la contaminación y las emisiones que afectan a las comunidades desfavorecidas situadas cerca de autopistas, puertos y estaciones de ferrocarril en California.
Reajuste de Estrategias Ambientales
El cambio de dirección en la estrategia medioambiental de California se produce en un contexto de prioridades federales cambiantes, mientras los líderes estatales se preparan para una posible segunda administración Trump. El presidente electo ha mostrado su oposición a las normativas de calidad del aire de California y ha amenazado con revocar políticas similares.
California tiene una autoridad única bajo la Ley de Aire Limpio que le permite establecer estándares de emisión más estrictos, aunque requiere la aprobación federal a través de exenciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
A pesar de que la administración Biden aprobó un mandato histórico para eliminar los automóviles de gasolina nuevos antes de 2035, no se actuó sobre cuatro exenciones restantes antes de la toma de posesión de Trump. Como respuesta, la Junta de Recursos del Aire de California decidió retirar sus solicitudes de exención para mantener el control sobre las regulaciones y mitigar posibles retrocesos bajo la nueva administración. Liane Randolph, presidenta de la junta, indicó que se están evaluando las opciones disponibles.
Randolph expresó su decepción por la falta de acción de la EPA en relación a todas las solicitudes a tiempo, destacando que la retirada es un paso importante dado el clima de incertidumbre que presenta la nueva administración, conocida por haber atacado los programas de California destinados a proteger la salud pública y el clima.
Las autoridades estatales prevén un aumento en las batallas legales sobre sus políticas medioambientales, con litigios esperados tanto de opositores como de defensores de las iniciativas climáticas del estado.
La industria del transporte ha manifestado su oposición a la norma Advanced Clean Fleet, argumentando que los costos son elevados, la infraestructura para vehículos de cero emisiones es limitada y que los pequeños operadores enfrentan desafíos significativos. Eric Sauer, director ejecutivo de la Asociación de Camioneros de California, declaró que la norma era inalcanzable y que la industria seguirá trabajando para reducir emisiones de una manera tecnológicamente viable y económicamente razonable que preserve la cadena de suministro crítica del estado y del país.
No obstante, el progreso hacia la transición a camiones eléctricos ya está en marcha, ya que algunas empresas han comenzado a adoptar flotas eléctricas y de hidrógeno. En 2023, los vehículos de cero emisiones representaron uno de cada seis camiones vendidos en California, lo que indica un avance en el mercado a pesar de la incertidumbre regulatoria.
Daniel Sperling, director del Instituto de Estudios del Transporte de UC Davis y exmiembro de CARB, afirmó que la norma Advanced Clean Fleets estaba destinada a facilitar la transición, pero que en última instancia se había vuelto innecesaria y políticamente problemática. Sugirió alternativas como un sistema de «tarifas-bait» que aplique tarifas de registro a los vehículos diésel, generando ingresos que puedan apoyar incentivos para camiones eléctricos sin costo para el gobierno o los contribuyentes.
Por su parte, Craig Segall, vicepresidente del grupo ambiental Evergreen Action, destacó la pérdida de importantes beneficios para la salud pública con la decisión de CARB, aunque también coincidió en la necesidad de alternativas y pidió a los fabricantes de camiones que cumplan con sus promesas. “CARB está tomando la decisión más inteligente aquí. No se puede dejar que un posible nombramiento de Trump decida sobre esto”, concluyó Segall.
