Cada día, aproximadamente 48,5 toneladas de rocas espaciales se precipitan hacia la Tierra. Los meteoritos que caen en el océano jamás son recuperados, mientras que aquellos que impactan en tierra firme generan debates sobre su propiedad legal. Este fenómeno ha dado lugar a un negocio lucrativo a nivel global, donde fragmentos de roca extraterrestre son comerciados en línea y transportados entre países, lo que plantea interrogantes sobre la preservación de descubrimientos científicos significativos.
Un caso reciente en Nueva Zelanda ha reavivado el debate sobre la regulación de los meteoritos. El año pasado, se registró un meteorito del tamaño de una manzana y que pesaba 810 g, el cual cayó en tierras del Departamento de Conservación en la isla Sur, cerca de Takapō. Recuperado por Jack Weterings, miembro del grupo de ciencia ciudadana Fireballs Aotearoa, este hallazgo ha puesto de relieve las cuestiones de propiedad que rodean estos objetos celestiales. A lo largo de los años, se han registrado varios meteoritos en Nueva Zelanda, siendo el más notable el meteorito Ellerslie, que en 2004 atravesó el techo de la casa de la familia Archer en Auckland, causando un revuelo internacional por las ofertas de compra que recibió.
La legislación neozelandesa sobre meteoritos
La propiedad de los meteoritos, a pesar de su origen intergaláctico, se determina por las leyes del país donde son encontrados. En Nueva Zelanda, al igual que en Canadá, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, el enfoque depende de dónde caiga el meteorito. Si impacta en propiedad privada, el dueño del terreno se convierte en el propietario legal de la roca. En el caso de los meteoritos hallados en terrenos públicos, como el de Takapō, prevalece el principio de «el que encuentra, se queda». Por tanto, Fireballs Aotearoa, a través de Jack Weterings, es considerado el dueño legal.
A pesar de que la organización afirma no tener intereses comerciales en los meteoritos y promete donar todas las piezas a museos, no todos los cazadores de meteoritos están dispuestos a hacer lo mismo. La caza comercial de meteoritos está en aumento a nivel internacional, especialmente en China, donde se ha convertido en una fuente de ingresos considerable. Algunos meteoritos pueden alcanzar precios millonarios en el mercado. La afición ha adquirido un estatus de glamour, con coleccionistas notables como Elon Musk, Steven Spielberg y Nicolas Cage entre sus filas, lo que sugiere que la fascinación por estas «antigüedades» del espacio seguirá en aumento.
Para regular la caza de meteoritos, varios estados han implementado normativas. En Nueva Zelanda, la exportación de objetos protegidos, incluyendo ciertos objetos con vínculos maoríes, está severamente restringida. Según la Ley de Objetos Protegidos de 1975, que incorpora convenciones internacionales sobre la propiedad cultural, se requiere obtener permiso del director ejecutivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio antes de exportar objetos protegidos. Los meteoritos están clasificados como objetos protegidos, y por lo tanto, el director ejecutivo debe consultar a dos expertos para determinar cualquier solicitud de licencia de exportación.
Las sanciones por exportar ilegalmente meteoritos son severas, incluyendo la confiscación automática del objeto por parte del estado, penas de prisión de hasta cinco años y multas que pueden ascender a NZ$100,000 para individuos y NZ$200,000 para entidades corporativas. Si se deniega la solicitud de licencia de exportación, existe el derecho a apelar la decisión ante el ministro de Artes, Cultura y Patrimonio. Si el ministro mantiene la decisión, el objeto es automáticamente incluido en el registro nacional de objetos significativos.
A pesar de las medidas legislativas adoptadas en Nueva Zelanda para regular la exportación de meteoritos, la relación entre los halladores y los científicos podría volverse cada vez más tensa. La recolección de meteoritos debería ser desincentivada a menos que sea estrictamente con fines científicos. El tiempo dirá si es posible encontrar un compromiso adecuado entre la preservación del patrimonio científico y los intereses comerciales en juego.
