El reciente rechazo del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados ha provocado una serie de reacciones políticas que evidencian la tensión existente entre el Gobierno y los grupos de la oposición. Este decreto contenía medidas relevantes, tales como la revalorización de las pensiones y la prórroga de los descuentos en el transporte público, que ahora se ven comprometidas. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que la votación en contra de formaciones como el Partido Popular, Vox y Junts per Cat refleja un intento de infligir malestar en la ciudadanía, cuestionando así la legitimidad de su oposición.
La postura de Junts y el futuro legislativo
Junts per Cat ha reiterado su negativa a apoyar los decretos del Ejecutivo, subrayando la falta de mayoría parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz del partido, Miriam Nogueras, ha instado al Gobierno a dejar de incluir su programa electoral en cada iniciativa legislativa, argumentando que no están en el Congreso para «regalar los votos». Nogueras ha enfatizado que su objetivo es ser útiles, pero no a costa de aceptar de manera acrítica las propuestas del PSOE y sus aliados, sugiriendo que el Gobierno no está realmente comprometido con las necesidades de los pensionistas ni con la reducción de tarifas en el transporte.
En respuesta al fracaso del Gobierno, el Partido Popular ha registrado una proposición de ley que replica las ayudas al transporte público que contenía el decreto ómnibus. Este movimiento ha sido interpretado por Montero como una muestra de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. La ministra ha cuestionado la lógica detrás de esta iniciativa, dado que el PP había rechazado previamente las medidas en el decreto. La tramitación de una proposición de ley es un proceso más prolongado que el de un decreto ley, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y la urgencia de las medidas propuestas por el principal partido de la oposición.
