La administración del presidente Donald Trump ha comenzado una serie de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una medida que ha generado un amplio debate en Estados Unidos y más allá. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció el inicio de vuelos de deportación que están llevando a cientos de inmigrantes de regreso a sus países de origen. Según Leavitt, el presidente Trump está enviando un mensaje claro: «si entras ilegalmente en Estados Unidos, enfrentarás severas consecuencias».
Las operaciones de deportación se han intensificado tras una serie de redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que resultaron en la detención de más de 500 personas en diversas ciudades, incluyendo Boston, Nueva York, Newark y San Francisco. De estas, 373 fueron arrestadas en un solo día, con un enfoque particular en aquellos que habían cometido delitos tras ingresar ilegalmente al país.
Reacciones y Consecuencias
La respuesta a estas acciones ha sido variada. El alcalde de Newark, Ras Baraka, condenó enérgicamente una redada en un mercado de pescado de la ciudad, acusando a los agentes de ICE de violar la Constitución de Estados Unidos al entrar sin una orden judicial. Baraka afirmó que «Newark no se quedará de brazos cruzados mientras las personas son aterrorizadas ilegalmente», mostrando así un claro apoyo a los derechos civiles y humanos de los inmigrantes.
Las redadas han afectado a personas de diversas nacionalidades, incluyendo Afganistán, Angola, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Senegal y Venezuela. Entre los detenidos se encuentran miembros de pandillas y delincuentes sexuales, lo que ha alimentado el discurso de la administración sobre la necesidad de una mayor seguridad en las fronteras.
Trump, durante su campaña electoral, prometió llevar a cabo «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos». En una reciente entrevista, indicó que su enfoque inicial sería deportar a aquellos inmigrantes que han cometido delitos en el país, antes de dirigirse a otros indocumentados. Se estima que entre 11 y 35 millones de inmigrantes indocumentados residen actualmente en Estados Unidos.
Desde su toma de posesión, Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas destinadas a reforzar la seguridad fronteriza, incluyendo la declaración de una emergencia nacional en la frontera con México y la designación de los carteles de drogas como organizaciones terroristas extranjeras. Además, ha puesto fin a la ciudadanía automática para los hijos nacidos en el país de padres que no son ciudadanos o residentes permanentes legales.
Para apoyar estas medidas, el Pentágono ha desplegado 1,500 soldados y marines en la frontera, con el objetivo de ayudar en la construcción de barreras y en la repatriación de migrantes detenidos. «Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer», afirmó Trump durante su discurso inaugural.