Los agricultores británicos han intensificado sus protestas contra el Gobierno laborista, exigiendo la revocación de las recientes subidas de impuestos que impactarán de manera significativa en el sector agrícola. La National Farmers Union (NFU) ha convocado manifestaciones en varias ciudades del Reino Unido, argumentando que el nuevo impuesto de sucesiones afectará a un 75% de los agricultores, poniendo en riesgo la capacidad de abastecimiento de alimentos en el país.
Este nuevo gravamen, que se aplicará a las explotaciones agrícolas valoradas en más de un millón de libras esterlinas (1,2 millones de euros), ha generado una fuerte oposición no solo entre los agricultores, sino también entre las principales cadenas de supermercados del país. Distribuidores como Tesco, Sainsbury’s, Lidl y Aldi han expresado su preocupación por las consecuencias a largo plazo de esta medida, especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones. Estas cadenas han solicitado una consulta pública antes de la implementación del impuesto, prevista para abril de 2026.
La postura del Gobierno y las reacciones del sector
A pesar de las protestas y del apoyo recibido por parte de los supermercados, el Gobierno británico, liderado por el secretario del Tesoro James Murray, ha reafirmado su decisión de no revertir el impuesto. Murray ha cuestionado las estimaciones de la NFU, argumentando que el nuevo tributo afectará principalmente a las explotaciones más grandes y que actualmente un 40% de las exenciones fiscales se concentran en solo un 7% de las propiedades agrícolas.
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, justificó las subidas de impuestos, que se estiman en 40.000 millones de libras (48.000 millones de euros), como una medida necesaria para mantener los servicios públicos en un contexto de estancamiento económico. Este enfoque ha sido criticado por los agricultores, quienes temen que la carga fiscal adicional comprometa su viabilidad económica.
La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) ha puesto en duda las proyecciones de recaudación del Gobierno, que espera obtener 500 millones de libras anuales (600 millones de euros) a partir de 2030 con el nuevo impuesto. Según la OBR, existen mecanismos que podrían permitir a los agricultores evitar el pago del tributo, como el uso de desgravaciones fiscales y legados a organizaciones benéficas.
Los agricultores están decididos a utilizar esta incertidumbre para fortalecer su posición en las calles, amenazando con interrumpir las cadenas de suministro de alimentos si sus demandas no son atendidas. La presión sobre el primer ministro Keir Starmer aumenta, ya que la falta de alimentos en las estanterías podría ser un golpe devastador para un Gobierno que ya enfrenta una caída en su popularidad.
