Los agricultores británicos han intensificado sus protestas contra el Gobierno laborista, exigiendo la derogación de las recientes subidas de impuestos que afectan a las explotaciones agrícolas. La National Farmers Union (NFU) ha convocado manifestaciones en diversas ciudades del Reino Unido, argumentando que el nuevo impuesto de sucesiones para propiedades valoradas en más de un millón de libras esterlinas (1,2 millones de euros) podría poner en riesgo la capacidad de abastecimiento de alimentos en el país. Según la NFU, esta medida afectará a aproximadamente el 75% de los agricultores, lo que podría tener consecuencias graves para la seguridad alimentaria en los próximos años.
El apoyo de las principales cadenas de supermercados, como Tesco, Sainsbury’s, Lidl y Aldi, ha reforzado la posición de los agricultores. Estas empresas han expresado su preocupación por el impacto a largo plazo de las nuevas tasas, especialmente en las pequeñas y medianas explotaciones. Han solicitado que se realice una consulta pública antes de la implementación del impuesto, prevista para abril de 2026. Este respaldo de los supermercados, que dominan casi el 100% del mercado, añade presión al Gobierno en un contexto económico ya complicado.
Respuestas del Gobierno y perspectivas económicas
El secretario del Tesoro, James Murray, ha defendido las decisiones tomadas en el reciente presupuesto, reconociendo que son difíciles pero necesarias para impulsar el crecimiento económico. A pesar de las protestas, el Gobierno no tiene intención de revertir la medida. Murray ha cuestionado las estimaciones de la NFU, sugiriendo que el nuevo impuesto impactará principalmente a las explotaciones más grandes, ya que actualmente un 40% de las exenciones fiscales se concentran en solo un 7% de las propiedades agrícolas.
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, justificó las subidas de impuestos, que se estiman en 40.000 millones de libras (48.000 millones de euros), como una respuesta al «caos» de administraciones anteriores. El Gobierno considera que estas medidas son esenciales para mantener los servicios públicos en un momento de estancamiento económico.
En cuanto al nuevo impuesto de sucesiones, el Gobierno espera recaudar 500 millones de libras anuales (600 millones de euros) a partir de 2030. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) ha puesto en duda estas proyecciones, sugiriendo que existen mecanismos que podrían permitir a los agricultores evitar el pago del tributo, como el uso de desgravaciones fiscales o legados a organizaciones benéficas.
Los agricultores planean utilizar estos argumentos para fortalecer su movimiento de protesta, manteniendo la amenaza de interrumpir las cadenas de suministro de alimentos si el Gobierno no atiende sus demandas. La situación se complica para el primer ministro, Keir Starmer, en un momento en que la escasez de alimentos podría resultar en un impacto negativo significativo en su popularidad, ya en descenso.
