El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de una investigación por la presunta filtración de correos electrónicos relacionados con el caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este miércoles, García Ortiz comparecerá como investigado, tras haber sido señalado por su «relevante participación» en las filtraciones que han generado un gran revuelo en el ámbito judicial y político. La situación se complica para el fiscal general, ya que el Tribunal Supremo revisará el día anterior a su declaración un recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que cuestiona su idoneidad para seguir en el cargo tras su renovación en diciembre de 2022.
La investigación avanza con la declaración de otros implicados en el caso, como la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien está programada para ser escuchada este jueves. Por su parte, el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, comparecerá una semana más tarde. El contexto de estas declaraciones se enmarca en una serie de evidencias que apuntan a García Ortiz, incluyendo testimonios de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien afirmó haber confrontado al fiscal con la frase: «Álvaro lo has filtrado tú». Según Lastra, la información que se filtró solo podría haber salido de la Fiscalía, dado que no estaba disponible para la defensa de González Amador ni para el Decanato en ese momento.
La controversia se intensifica al considerar que Lastra ha desmentido la versión oficial del Ministerio Público sobre la supuesta eliminación automática de mensajes de WhatsApp y audios al cambiar de dispositivo móvil. Este argumento fue utilizado por García Ortiz para justificar la ausencia de mensajes relevantes durante el periodo investigado. Lastra, al haber cambiado de teléfono en el mes anterior y haber podido conservar sus mensajes, ha puesto en duda la explicación ofrecida por el fiscal general. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales sostiene que las acciones de García Ortiz son incompatibles con las funciones que le asigna la Constitución, lo que añade una capa de complejidad a esta ya delicada situación en el Ministerio Público.
