El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo (TS) como imputado en un caso que ha generado gran expectación mediática. A su llegada, alrededor de las diez de la mañana, el ambiente en el exterior era tenso, con abucheos por parte de algunos asistentes, contraste que se reflejó en la actitud aparentemente relajada del propio fiscal al concluir su declaración. García Ortiz está siendo investigado por la presunta revelación de secretos, concretamente por la supuesta filtración de datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante su declaración, que se extendió por aproximadamente una hora y media, el fiscal general negó las acusaciones sobre las filtraciones y argumentó que la eliminación de contenido en su teléfono móvil es una práctica habitual por razones de seguridad y cumplimiento legal, dado que maneja «información sensible». García Ortiz optó por responder únicamente a las preguntas planteadas por su abogado, rehusando contestar a las interrogantes formuladas por las acusaciones populares y mostrando desconfianza hacia el juez Hurtado, a quien consideró «predeterminado» en este caso.
La imputación de García Ortiz se inscribe en una investigación más amplia por supuestas revelaciones de secretos en el denominado ‘caso filtraciones’. Este proceso ha cobrado relevancia tras la reciente providencia del juez Hurtado, quien, tras escuchar a varios testigos clave, ha determinado que existen indicios suficientes para incluir al fiscal general en la lista de imputados. Desde el Gobierno se ha manifestado un claro apoyo hacia García Ortiz, con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresando su confianza en que el Tribunal Supremo emitirá una resolución fundamentada que exculpará al fiscal general.
