El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha anunciado su intención de derogar el delito de femicidio del código penal, lo que representa un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género. Durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Milei descalificó las leyes sobre femicidio como un producto de la «cultura woke» y calificó al «feminismo radical» como una distorsión del concepto de igualdad.
La posible derogación de esta ley podría tener efectos en cadena en toda la región, alentando a otros países a debilitar sus protecciones legales. Esta situación podría resultar devastadora para las mujeres y niñas de América Latina, donde la violencia de género es un problema persistente y alarmante.
La importancia de las leyes de femicidio
El femicidio se define de manera amplia como el asesinato de mujeres o niñas por razones de género, generalmente impulsado por la misoginia, la discriminación o la violencia de pareja. Este tipo de homicidio se distingue de otros asesinatos debido a sus raíces en la desigualdad de género sistémica y la intención de ejercer control o castigo sobre las mujeres.
Desde 2007, al menos 18 de los 33 países de América Latina y el Caribe han adoptado leyes de femicidio. Antes de la implementación de estas normas, muchos asesinatos de mujeres se clasificaban simplemente como homicidios, sin considerar el contexto de género. Las leyes de femicidio buscan reconocer explícitamente los crímenes motivados por el género y abordar la violencia en función de sus dinámicas de poder subyacentes.
A pesar de los desafíos que aún persisten en la implementación y aplicación de estas leyes, han generado cambios significativos en los países donde la violencia contra las mujeres ha sido históricamente ignorada. La introducción de estas leyes ha dado lugar a la creación de unidades policiales especializadas, programas de capacitación judicial y penas más severas para los actos de violencia de género.
Además, estas leyes han mejorado la recopilación de datos, lo que permite a los gobiernos comprender mejor la magnitud del problema y dirigir recursos hacia la prevención y la intervención temprana. Sin una legislación adecuada, estos crímenes no son registrados o se clasifican incorrectamente, lo que dificulta una respuesta eficaz.
La derogación de la ley de femicidio en Argentina no solo haría que estos crímenes sean menos visibles, sino que también enviaría un mensaje claro de que la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas no es una prioridad. Esto podría disuadir a las víctimas de buscar justicia y, a su vez, empoderar a los agresores.
Las leyes de femicidio representan un compromiso con la justicia y la protección de los derechos humanos en sociedades donde la vida de las mujeres ha sido históricamente desestimada. La lucha por la igualdad de género y la protección de las mujeres debe seguir siendo un objetivo prioritario, tanto en Argentina como en el resto del mundo.
