Burundi, un pequeño país enclavado en el corazón de África, enfrenta retos climáticos y medioambientales de gran envergadura. Su dependencia excesiva de la biomasa, principalmente la leña, y las prácticas agrícolas obsoletas han desencadenado una alarmante deforestación, aumentando así su vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos. En 2023, un 76% de su población vive por debajo del umbral de pobreza, lo que refleja una profunda crisis socioeconómica que se entrelaza con los desafíos ambientales que enfrenta.
A pesar de contribuir con menos del 0.02% de las emisiones globales de CO₂, Burundi se encuentra en la posición 22 de los países más vulnerables al cambio climático. La falta de un marco legal y regulatorio robusto para abordar estos problemas ha exacerbado la situación, impidiendo que el país gestione adecuadamente su vulnerabilidad y promoviendo cambios en el comportamiento de sus habitantes hacia prácticas más sostenibles.
Desafíos y oportunidades en la regulación climática
La población de Burundi ha crecido de 8 millones en 2008 a 12 millones en 2021, aumentando la demanda de leña y tierras cultivables. La dependencia del uso de biomasa en el 99% de los hogares rurales, que utilizan fuegos abiertos para cocinar, y la limitada adopción de estufas mejoradas, agravan el problema. En este contexto, es crucial que el gobierno burundés implemente un sistema regulador que promueva el cumplimiento voluntario sin poner en peligro los medios de vida de su población agraria.
Un enfoque que combine medidas coercitivas («stick») y estímulos económicos («carrot») podría ser la solución. Por un lado, se podrían establecer sanciones para aquellos que continúen usando prácticas perjudiciales para el medio ambiente; por otro, se deben ofrecer incentivos financieros para facilitar la transición a tecnologías de energía más limpias. Esto incluiría subvenciones, exenciones fiscales y préstamos sin intereses, dirigidos a hogares y agricultores que adopten prácticas sostenibles.
Para que esta estrategia sea efectiva, es fundamental que Burundi desarrolle un marco legal que sustente estas medidas. Esto implica la creación de una legislación climática que permita establecer un regulador del cambio climático y mecanismos que proporcionen incentivos económicos para las actividades y prácticas respetuosas con el medio ambiente. Tal marco no solo beneficiaría a Burundi, sino que podría servir de modelo para otros países de la región, como Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo, que enfrentan desafíos similares.
La creación de un sistema legal robusto facilitaría la implementación de medidas punitivas y promovería el acceso a fuentes de energía más limpias, así como la protección de los derechos climáticos de las comunidades indígenas y marginadas. Estos derechos incluyen el acceso a información, la justicia y la participación en la toma de decisiones climáticas, aspectos esenciales para una gobernanza eficaz en el contexto del cambio climático.
En conclusión, Burundi se encuentra ante un cruce de caminos: por un lado, la necesidad de adoptar reformas que reduzcan su dependencia de la biomasa y, por otro, la urgencia de hacerlo de manera que no comprometa la subsistencia de su población. La implementación de un enfoque regulador equilibrado que combine medidas de sanción y estímulo podría ser la clave para un futuro más sostenible y resiliente frente al cambio climático en este país y en toda la región.
