El Tribunal Supremo rechaza medidas contra filtraciones en el caso del fiscal general
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado, en una decisión tomada este lunes, la solicitud presentada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para implementar medidas que frenen las filtraciones en la causa que lo investiga. Ante esta situación, el Alto Tribunal ha decidido remitir la queja a los juzgados competentes, quienes serán los encargados de determinar las acciones a seguir. García Ortiz está siendo investigado por una supuesta revelación de secretos relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La defensa del fiscal general argumentó que las filtraciones han generado un «juicio paralelo», lo que podría influir negativamente en el resultado del proceso judicial. Esta preocupación fue plasmada en un auto que detalla la petición de García Ortiz al magistrado Ángel Hurtado, quien fue solicitado para adoptar medidas que evitaran futuras filtraciones, así como para sancionar a quienes divulgaran indebidamente el contenido del sumario, con multas que oscilarían entre 100 y 500 euros, conforme a lo estipulado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El juez Hurtado optó por rechazar la solicitud de abrir una pieza separada y consideró que cualquier indagación relacionada con las filtraciones debería ser abordada por un juzgado de instrucción. Asimismo, el magistrado explicó que ha implementado medidas para mitigar las filtraciones, como la retirada de teléfonos móviles durante los interrogatorios. En respuesta a otra queja de García Ortiz, relativa a la divulgación de sus datos personales en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el instructor también desestimó la solicitud, argumentando que no se puede restringir el acceso de las partes al contenido integral de una causa que no ha sido declarada secreta, ya que esto podría vulnerar su derecho a la defensa y a obtener tutela judicial efectiva.
