El Gobierno español ha dado un paso significativo en la mejora de las condiciones laborales al aprobar en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo en colaboración con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), tiene como objetivo beneficiar a cerca de 12 millones de empleados en el país. Sin embargo, su futuro depende de las negociaciones que se llevarán a cabo en el Parlamento, donde aún no cuenta con los apoyos necesarios para su ratificación.
La implementación de esta reducción de la jornada laboral se encuentra estrechamente vinculada a la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha incrementado en un 4,4 %. A partir de ahora, el SMI alcanzará los 1.184 euros mensuales en 14 pagas o 1.381,33 euros en 12 pagas. Esta medida se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero, lo que permitirá a los trabajadores beneficiados ajustar sus nóminas en el mes de febrero. Con la jornada reducida y el SMI elevado, el coste de la hora trabajada también aumentará, pasando de 8,21 euros a aproximadamente 10,18 euros, lo que podría tener un impacto significativo en el poder adquisitivo de los trabajadores.
En paralelo a estas reformas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enfatizado la necesidad de ajustar el mínimo exento de IRPF para que la subida del SMI no implique una carga fiscal mayor para los trabajadores con menores ingresos. Desde Bruselas, Díaz ha defendido que la justicia social debe prevalecer en la política fiscal, aunque la decisión final sobre cualquier cambio dependerá del Ministerio de Hacienda. Así, el Gobierno se enfrenta al desafío de asegurar el apoyo parlamentario necesario para llevar a cabo estas transformaciones, que buscan no solo mejorar las condiciones laborales, sino también garantizar una mayor equidad fiscal en el país.
