El Congreso de El Salvador ha aprobado una reforma que revoca el estatus de Bitcoin como moneda de curso legal en el país, marcando un cambio significativo respecto a la decisión histórica de 2021. Esta modificación legislativa se produce en el contexto de un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un importe de 1.400 millones de dólares, que condiciona la financiación a la aceptación voluntaria de la criptomoneda.
En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, reconociéndolo oficialmente junto al dólar estadounidense, que había sido la moneda principal durante dos décadas. Sin embargo, las enmiendas aprobadas el 30 de enero eliminan la obligatoriedad de aceptar Bitcoin, convirtiendo su uso en una opción voluntaria para los ciudadanos y empresas.
La reforma fue respaldada por 55 votos a favor y solo dos en contra, y responde a casi dos años de presión por parte del FMI, que ha instado al país a reducir los riesgos financieros asociados con el uso de Bitcoin. Este cambio se considera un paso necesario para estabilizar la economía salvadoreña, que ha enfrentado serios desafíos en los últimos tiempos.
Impacto en la población y en la política económica
A pesar de los esfuerzos del gobierno para promover el uso de Bitcoin, recientes encuestas indican que el 92% de los salvadoreños no ha utilizado la criptomoneda desde su adopción oficial. Este dato refleja un escepticismo generalizado hacia el Bitcoin, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de la política económica impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien había defendido la criptomoneda como un medio para fomentar la inclusión financiera, especialmente entre la población no bancarizada.
A pesar de la revocación del estatus de Bitcoin, el gobierno ha manifestado su intención de continuar adquiriendo la criptomoneda para aumentar sus reservas. En un contexto más amplio, Bukele ha criticado abiertamente al dólar estadounidense, argumentando que carece de respaldo y que la economía de EE. UU. se basa en la «farsa» de imprimir dinero sin límites. Estas declaraciones han suscitado un debate sobre la viabilidad de las políticas económicas del país y su alineación con las exigencias del FMI.
La decisión de revocar el estatus de Bitcoin como moneda de curso legal representa un cambio significativo en la política económica de El Salvador, y plantea interrogantes sobre el futuro de la criptomoneda en el país y su impacto en la economía local.
