El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que impone sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya, en respuesta a las investigaciones que este organismo ha iniciado contra ciudadanos estadounidenses y aliados. Esta medida se produce tras la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades estadounidenses.
La orden ejecutiva de Trump establece sanciones financieras y relacionadas con visados para aquellos individuos y familias que apoyen las investigaciones del TPI sobre ciudadanos estadounidenses o naciones aliadas. Según informes del Guardian, el TPI se ha estado preparando para un «ataque rápido» por parte de la nueva administración estadounidense, lo que podría afectar su acceso a sistemas bancarios y de pago, infraestructura tecnológica y proveedores de seguros. Estas medidas podrían «paralizar» el trabajo del tribunal y representar una «amenaza existencial» para su funcionamiento.
Contexto de las sanciones y la legislación estadounidense
Recientemente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de imponer sanciones que cancelarían los visados estadounidenses y establecerían restricciones financieras sobre cualquier funcionario del TPI que procese a «aliados» de EE. UU. Esta situación no es nueva; en 2002, Estados Unidos adoptó la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Americano, apodada «Ley de Invasión de La Haya», diseñada para proteger a su personal militar y a funcionarios electos de la persecución por parte de organismos legales internacionales que Washington no reconoce.
La ley autoriza al presidente estadounidense a utilizar «todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier personal estadounidense o aliado» que sea detenido o encarcelado a instancias del TPI, lo que implica la posibilidad de acciones militares, de ahí su nombre informal. En 2020, el intento del TPI de investigar presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán resultó en sanciones contra la entonces fiscal Fatou Bensouda.
El TPI ha acusado a Netanyahu y Gallant de utilizar el hambre como método de guerra en Gaza, así como de privar deliberadamente a la población civil del enclave de suministros esenciales como alimentos, agua y medicinas sin una «necesidad militar evidente». Washington sostiene que el TPI carece de jurisdicción sobre Israel, dado que este país tampoco es signatario del Estatuto de Roma que regula las actividades del tribunal.
Sin embargo, el año pasado, Estados Unidos elogió a Karim Khan, el mismo fiscal del TPI que solicitó las órdenes de arresto contra los líderes israelíes, cuando presentó cargos contra el presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de que Moscú tampoco es parte del acuerdo que establece el tribunal.
