El presidente del Tribunal Constitucional de Polonia, Bogdan Swieczkowski, ha acusado al primer ministro Donald Tusk de intentar llevar a cabo un golpe de Estado, anunciando la presentación de acciones legales en su contra. En una declaración televisada, Swieczkowski afirmó que el gobierno de Tusk ha estado actuando de manera ilegal para desmantelar el sistema judicial polaco, lo que, según él, constituye un intento de derrocar el orden constitucional del país.
Swieczkowski, exfiscal nacional y estrecho aliado del anterior gobierno de Ley y Justicia (PiS), fue nombrado por el presidente Andrzej Duda en diciembre de 2024. El gobierno de Tusk, que asumió el poder en 2023, ha descalificado al actual Tribunal Constitucional como ilegítimo, argumentando que el PiS instaló jueces de manera ilegal en contravención de las sentencias de los tribunales polacos y de la Unión Europea.
Las acusaciones y el contexto político
En su anuncio, Swieczkowski reveló que había presentado un aviso legal de 60 páginas el 31 de enero, en el que Tusk y otros funcionarios, incluidos ministros, presidentes parlamentarios, jueces y fiscales, son acusados de formar un “grupo criminal organizado” con el objetivo de socavar la judicatura de Polonia. Describió la situación como un “golpe de Estado” y aseguró que había intentado dialogar con el gobierno, pero sus solicitudes habían sido ignoradas.
La investigación está siendo liderada por el fiscal general adjunto Michal Ostrowski, un nombramiento de la era PiS, quien ha acusado al gobierno de Tusk de tomar el control de instituciones clave como los medios de comunicación públicos, la Oficina Nacional del Fiscal y el poder judicial de manera ilegal. Las acusaciones, que incluyen el intento de derrocar un organismo constitucional, conllevan penas potenciales de hasta cadena perpetua.
Ante estas acusaciones, Tusk ha restado importancia a los cargos en una publicación en redes sociales, compartiendo un video de sí mismo jugando al tenis de mesa, acompañado de la leyenda ‘golpe de Estado’ y un emoji riendo. Esta respuesta refleja la tensión creciente en un contexto de crisis constitucional en Polonia, donde la Coalición Cívica (KO) de Tusk busca revertir las reformas judiciales implementadas por el PiS, que han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional.
El gobierno de Tusk ha despedido a decenas de jueces y fiscales nombrados por el PiS, así como a más de 50 embajadores, alegando nombramientos ilegales. Los líderes del PiS, incluido Jaroslaw Kaczynski, han acogido con satisfacción las acusaciones contra Tusk, afirmando que su administración está desmantelando instituciones independientes.
