El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha anunciado su intención de implementar medidas que aseguren la transparencia en la financiación extranjera a organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación que critican su gobierno. En una intervención en la radio estatal, Orban subrayó la necesidad de “eliminar estas redes extranjeras” que, según él, interfieren en los asuntos internos del país, haciendo referencia a los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Orban, un aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, destacó la propuesta de la administración Trump de integrar USAID en el Departamento de Estado, alineándola con la política de “América Primero”. El primer ministro manifestó que en Estados Unidos se les llamaría agentes, ya que, a su juicio, “no sirven a su propio país, sino que aceptan dinero de otro poder”. En su discurso, Orban afirmó que estas personas y organizaciones son financiadas desde el extranjero con el objetivo de derrocar al gobierno húngaro.
Desde que asumió el poder en 2010, Orban ha tomado medidas enérgicas contra las organizaciones financiadas desde el exterior, especialmente aquellas vinculadas al magnate húngaro-estadounidense George Soros. Ha acusado repetidamente a Soros de interferir en los asuntos internos de Hungría, socavar los valores familiares tradicionales y promover una agenda globalista. En 2018, su gobierno implementó la ley “Stop Soros”, dirigida a las ONG que asisten a solicitantes de asilo, lo que llevó a la Fundación Open Society, financiada por Soros, a trasladar su sede de Budapest a Berlín, citando un entorno represivo.
Medidas y Consecuencias Legales
Orban ha afirmado que los beneficiarios de fondos extranjeros deben enfrentar “consecuencias legales” y ser “expulsados”, ya que representan una amenaza para la soberanía húngara. En 2023, su gobierno estableció la Oficina de Protección de la Soberanía para supervisar y abordar el riesgo de interferencia política. En Hungría, la financiación extranjera para partidos o grupos que se presentan a elecciones está prohibida, con penas de hasta tres años de prisión.
La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento de infracción contra Hungría en febrero de 2024, citando la posible erosión de los valores democráticos y los derechos fundamentales en el bloque. La Unión Europea ha retenido fondos destinados al gobierno de Orban, acusándolo de violar estándares democráticos.
La postura de Orban ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto donde la defensa de la soberanía nacional se entrelaza con la preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas. La relación entre el gobierno húngaro y las organizaciones financiadas desde el extranjero continúa siendo un tema de intenso debate, reflejando las tensiones entre la política nacionalista y los principios democráticos en la Unión Europea.
