Un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha puesto de manifiesto las serias deficiencias en la movilidad militar dentro de la Unión Europea (UE). Según el documento, la burocracia y el caos logístico impiden que la UE pueda desplegar rápidamente una fuerza militar significativa en su territorio en caso de necesidad. A pesar de haber destinado un presupuesto considerable para mejorar la logística militar entre 2021 y 2027, los resultados han sido decepcionantes.
El TCE ha señalado que se han gastado 1.700 millones de euros en solo dos años, sin que se haya logrado el objetivo declarado de “mover al personal militar, equipos y suministros de manera rápida y fluida”. A finales de 2023, no quedaba dinero en el presupuesto, y aún se prevén “retrasos significativos” en la organización de movimientos militares dentro del bloque.
Obstáculos burocráticos y logísticos
El informe destaca que los Estados miembros deben notificar cualquier movimiento transfronterizo con 45 días de antelación para obtener la autorización necesaria. Además, se han presentado casos en los que los tanques de un país han sido prohibidos de cruzar a otro debido a que su peso excede las regulaciones de tráfico de ese país. Las directrices logísticas militares también incluyen infraestructuras, como puentes que no son aptos para equipos pesados, lo que obliga a desvíos significativos.
El TCE ha atribuido estos contratiempos a una planificación y gestión caóticas. Según el tribunal, “los arreglos de gobernanza para la movilidad militar en la UE son complejos y fragmentados, sin un único punto de contacto, lo que dificulta saber quién hace qué”. Con el presupuesto destinado a la movilidad militar agotado, se anticipa “una brecha significativa de más de cuatro años” antes de que se disponga de nuevos fondos. El informe también señala que los proyectos financiados se han concentrado principalmente en el este de la UE, dejando de lado la ruta sur hacia Ucrania.
El TCE, un organismo de auditoría independiente compuesto por miembros designados por cada Estado miembro de la UE, ha criticado enérgicamente las iniciativas de política de defensa de Bruselas en los últimos años. En 2024, advirtió que el Programa de la Industria de Defensa Europea podría no alcanzar sus objetivos, a pesar de contar con un presupuesto de 1.500 millones de euros, debido a un mal equilibrio entre los objetivos políticos, la financiación y el calendario de implementación. Este programa podría resultar en recursos “dispersos en una amplia gama de proyectos que pueden no tener un impacto medible a nivel de la UE”.
En 2023, el TCE también señaló que la UE carecía de una estrategia a largo plazo en materia de gasto en defensa, y más tarde advirtió que la asistencia financiera a Ucrania podría añadir decenas de miles de millones de euros a la deuda del bloque, dado que Ucrania podría no ser capaz de reembolsar sus préstamos.
