Un juez federal de Estados Unidos ha emitido una orden temporal que impide a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) poner a miles de empleados en licencia pagada. Esta decisión se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la agencia, que cuenta con más de 2,000 trabajadores, y que se encuentra bajo la amenaza de ser cerrada.
La orden, dictada por el juez Carl Nichols en el Tribunal de Distrito de Washington D.C., prohíbe al gobierno estadounidense colocar a aproximadamente 2,200 empleados de USAID en licencia administrativa o evacuarlos de sus países anfitriones antes del 14 de febrero. Además, la resolución restablece a unos 500 empleados que ya habían sido suspendidos.
Según el texto de la orden, “todos los empleados de USAID actualmente en licencia administrativa serán reinstalados hasta esa fecha y tendrán acceso completo a sistemas de correo electrónico, pagos y notificaciones de seguridad hasta esa fecha, y no se colocará a más empleados en licencia administrativa antes de esa fecha”.
Contexto de la Controversia
La acción judicial fue impulsada por las organizaciones Democracy Forward y Public Citizen Litigation Group, que presentaron la demanda en nombre de dos sindicatos que representan a trabajadores federales: la American Federation of Government Employees, con 800,000 miembros, y la American Foreign Service Association, que agrupa a miles de funcionarios del servicio exterior que trabajan para USAID.
La situación de USAID se ha vuelto más tensa desde que el expresidente Donald Trump suspendió toda la ayuda exterior de Estados Unidos, lo que generó un amplio debate sobre el gasto gubernamental. Esta suspensión fue parte de un plan más amplio para reducir significativamente el gasto público. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, también suspendió varios proyectos asignados a la agencia.
Recientemente, Trump acusó a USAID de desviar miles de millones de dólares de fondos públicos hacia empresas de medios de comunicación para promover una cobertura favorable hacia los demócratas. Por su parte, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, quien lidera el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha calificado a USAID de “organización criminal” y ha afirmado que la agencia financió investigaciones sobre armas biológicas.
La audiencia para considerar una pausa a largo plazo en esta situación se llevará a cabo el miércoles, lo que podría determinar el futuro de la agencia y de sus empleados en un momento crítico para la política exterior estadounidense.
